Reflexiones emergentes y situadas sobre las medidas de protección judicial de violencia contra las mujeres en Córdoba

Abstract

En Argentina desde mediados de los años ´80 y particularmente con el retorno de la democracia, la demanda de los feminismos por encuadrar la violencia contra las mujeres como una problemática social, implicó, en sintonía con las legislaciones internacionales, una creciente legitimación del tema en la agenda pública, obligando al Estado a hacerse eco en sus responsabilidades políticas. Así es como en el año 2009, a nivel nacional, la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, impactó fuertemente en el abordaje de las violencias machistas. Particularmente la provincia de Córdoba, si bien cuenta desde el año 2006 con una ley de violencia familiar, es una de las provincias con mayor número de femicidios, a la vez que presenta un aumento creciente de denuncias por motivos de género.Los avances en el campo jurídico, el acceso al recurso de la denuncia y la creación de dispositivos estatales no han garantizado el cese de las violencias. En este escenario, los Estados son llamados a implementar políticas tendientes a un resguardo más efectivo de las mujeres en situación de violencias, cobrando actualmente particular protagonismo los debates respecto a las medidas de protección judiciales y su efectividad. A partir de la reconstrucción de la experiencia profesional en el Área de Constatación del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba, este trabajo pretende aportar a la reflexión sobre las políticas públicas de protección existentes para las mujeres en situación de violencias que deciden efectuar denuncias. Para ello, nos enfocamos en dos medidas de protección judicial conocidas como: dispositivo dual (tobillera electrónica) y dispositivo salva (botón antipánico), con el objetivo de reflexionar sobre la noción de protección subyacente a las mencionadas medidas, recuperando el análisis cualitativo, de los relatos de mujeres que cuentan o contaron con los mismos en el periodo 2020-2021. Estos análisis permiten advertir entre otras cosas, la presencia de prácticas que depositan en el acceso de las medidas judiciales específicamente en las analizadas- la resolución de la protección de la persona en situación de violencias, lo que podría relacionarse con la existencia de una noción de protección, carente de integralidad, quedando las intervenciones institucionales, en más de una ocasión, reducidas a evitar la letalidad. Además, respecto a lo expresado por las mujeres en situación de violencia, se observan prácticas de auto diligenciamiento para el acceso a las medidas, y experiencias caracterizadas por la continuidad de restricciones en su participación social, una vez obtenidas las mismas.