Las comisiones calificadoras de la SIDE y la represión del comunismo

Abstract

El artículo reconstruye la historia de las comisiones calificadoras de las SIDE entre las décadas del cincuenta y setenta a partir de la documentación existente en el fondo documental de la Dirección de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estas comisiones decidían si personas, libros y entidades eran o no comunistas, lo que aparejaba prohibiciones y penalidades. La investigación arroja luz sobre el origen, la composición, la trayectoria y el funcionamiento de las comisiones, como así también, sobre las consecuencias de sus decisiones para los imputados. A su vez, permite observar la temprana colaboración de los distintos servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad, el alcance nacional de la misma, la creciente centralización y puesta en común de la información producida y el papel que jugaron estas comisiones en el afianzamiento de la comunidad informativa. Asimismo, muestra que, si la legislación amplificó en la época los efectos concretos de las calificaciones, los mismos trascendieron el marco legal, en particular, en el caso de los y las trabajadoras de la administración pública, las empresas estatales y la educación.This paper reconstructs the history of SIDE's qualifying commissions between the fifties and seventies based on the existing documentation of the Fondo DIPPBA. These committees decided whether people, books and entities were (or not) communist, which resulted in prohibitions and penalties. The research sheds light on the origin, the composition, the itinerary and the workings of these commissions, as well as the consequences of their decisions for the people imputed. In turn, it allows us to observe the early collaboration of the different intelligence services of the armed and security forces, their national reach, the growing centralization and sharing of the information produced and the role played by these commissions in the strengthening the information community. Finally, the research shows that, if legislation amplified at the time the concrete effects of the qualifications, these transcended the legal framework, in particular, in the case of public workers.