El partido político como actor decisivo de la regulación mediática: Las políticas de comunicación de los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay

Abstract

Los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay promovieron políticas de comunicación que redujeron el peso de los grandes grupos mediáticos privados y reconocieron legalmente a nuevos actores. Si bien otros gobiernos izquierda sudamericanos a inicios del siglo XXI hicieron lo mismo, la particularidad uruguaya es que eso se dio sin confrontación pública entre gobierno y empresas mediáticas. Este artículo explora cómo fue posible esa combinación atípica. Para ello, indaga en las políticas de comunicación entre 2005 y 2015 a través de una estrategia de process-tracing que se focaliza en las interacciones entre los actores involucrados. En la década analizada, los gobiernos negociaron sus apariciones mediáticas de maneras que consideraron convenientes y los grupos mediáticos, que se percibían más débiles que el gobierno, lograron negociar las políticas de regulación y preservar parte del statu-quo. Ante ese panorama, ninguno de los dos actores buscó romper la relación. No obstante, hubo un tercer actor: el Frente Amplio, partido gobernante, que desde su centralidad, atípica para Sudamérica, jugó un rol definitorio en las políticas de comunicación. Primero, durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), y contra la voluntad del presidente, actuó como veto player para impedir el ingreso de los grandes grupos mediáticos en las telecomunicaciones y resguardar a Antel, la empresa estatal líder en servicios de telefonía e internet. Segundo, fue el impulsor de una ley marco para los servicios de comunicación audiovisual que, aunque no contó con un impulso claro del presidente, fue aprobada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).

The Frente Amplio governments in Uruguay promoted communication policies that reduced the weight of the large private media conglomerates and legally recognized new players. Although other South American leftist governments did the same at the beginning of the 21st century, the Uruguayan particularity is that this took place without public confrontation between the government and media companies. This article explores how this atypical combination was possible. It explores communication policies between 2005 and 2015 through a process-tracing strategy focusing on the interactions between the actors involved. In the analyzed decade, governments negotiated their media appearances in ways they considered convenient and media conglomerates, which perceived themselves as weaker than the government, managed to negotiate regulation policies and preserve part of the status quo. Faced with this panorama, neither of the two actors sought to break the relationship. However, there was a third actor: the Frente Amplio, the ruling party, which from its central position, atypical for South America, played a defining role in communication policies. First, during the government of Tabaré Vázquez (2005-2010), and against the president›s will, it acted as a veto player to prevent the entry of large media conglomerates in telecommunications and to protect Antel, the leading state-owned company in telephone and internet services. Second, it was the driving force behind a law for audiovisual communication services, which, although it did not have a clear impetus from President José Mujica (2010-2015), was approved by his government.