Lógica policial o ética del cuidado: las múltiples caras del Estado

Abstract

En el marco de la pandemia mundial por el nuevo coronavirus, una de las más importantes medidas implementadas en Argentina, debido a su impacto y alcance, fue el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Pocas veces fue tan claro que hay un “bien común” para cuidar la salud y las vidas. Se sabe bien que algunas personas son más vulnerables que otras, de modo que cuanto menos se contraiga el virus en simultáneo, más vidas se salvarán. La indicación ha sido entonces “quedarse en casa”. En una primera fase de este aislamiento (cuando este texto fue escrito), sólo se autorizaba a desplazarse a aquellas personas que realizaran “trabajos esenciales”, vinculados al suministro de alimentos y medicamentos, al sector salud, a trabajadorxs del cuidado, altos cargos de gobierno, transporte y fuerzas de seguridad. En esa situación, las estrategias institucionales puestas en juego para garantizar el cumplimiento de la medida implicaron el despliegue de las policías y fuerzas de seguridad. Tal decisión resulta razonable desde distintos puntos de vista: ambas instancias poseen una amplia expansión territorial, cuentan con delegación del poder y autoridad del Estado, y tienen el mandato del uso potencial y concreto de la fuerza. Sin embargo, también es sabido que el despliegue de su poder de control y vigilancia, y el eventual uso de la violencia —más o menos discrecional o arbitraria, cuando no ilegal— tradicionalmente ha evidenciado una distribución desigual de vigilancias y castigos. Y lo que se advierte, no sin preocupación, es que en este contexto, control y cuidado son nociones que no provienen de la misma raíz ni se inscriben en las mismas tradiciones, y han comenzado a fundirse en el discurso público. Rápidamente, se instaló la noción según la cual, en el contexto de la pandemia, las policías “cuidan”.