Barreras para la inclusión social de las personas con padecimientos mentales en proceso de externación

Abstract

El presente apartado se construye en el marco de un estudio multi-céntrico financiado con el apoyo del programa de becas ''Carrillo - Oñativia'', otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Comisión Nacional Salud Investiga. El proyecto se titula ''Barreras para la inclusión social de las personas con padecimientos mentales que se encuentran en proceso de externación de instituciones de salud mental en la Provincia de Buenos Aires y las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza''. Estudio cuali - cuantitativo de tipo descriptivo y es dirigido por Marcela Perelman del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A los fines de este artículo, se retomarán algunos de los ejes centrales abordados en la investigación para dar cuenta de la situación contextual actual de Córdoba en relación a las barreras para la inclusión social de las personas con padecimiento mental que se encuentran en proceso de externación en nuestra provincia. Las problemáticas mencionadas aquí se articulan alrededor de los ejes: Seguridad Social: certificado de discapacidad; Accesibilidad al derecho a la salud; Políticas específicas de trabajo, vivienda y educación; Acceso a la información y conciencia de derechos; Capacidad Jurídica y Rol de la Justicia; Dispositivos sustitutivos al manicomio. A partir de este estudio, se puede identificar que una de las barreras para la externación reside en que no se ha avanzado en la creación de dispositivos sustitutivos a los manicomiales ni en la previsión de recursos para estas reformas. A su vez, la situación de vulneración de derechos no se agota en el ámbito de la salud para las personas con discapacidad psicosocial, sino que abarca también el ámbito jurídico, social, económico, etc. En este marco, la transformación sólo es posible si se comienza con la construcción de respuestas alternativas a la institucionalización y con una política de inversión en recursos humanos y materiales, que promueva este proceso de transición garantizando los derechos de las personas institucionalizadas.Con esta finalidad, se requiere un abordaje integral de atención que reclama el trabajo coordinado de los distintos sectores y niveles del Estado, de manera que tanto salud, como educación, vivienda, trabajo y desarrollo social, trabajen en forma conjunta a través de acciones que contemplen la multidimensionalidad de las problemáticas presentadas.