Justicia juvenil restaurativa: Los diversos usos de las medidas alternativas al proceso penal en la Argentina

Abstract

El castigo a la conflictividad penal juvenil ha sido uno de los temas más debatidos y controversiales desde, al menos, los inicios del siglo XX. Ya fuera porque se considerara que el castigo no podía ser idéntico al que recibían los adultos, que las sanciones debían ser de tipo correctivo o reformista y no solamente retributivas, o bien que el encierro de los jóvenes es una alternativa válida para la defensa social, el tema de cómo sancionar a los jóvenes que cometen hechos considerados delictivos y para qué hacerlo ha originado diferentes discusiones y posturas encontradas que lejos están de encontrarse saldadas. En este contexto de debates, en los últimos años, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, el enfoque de la justicia restaurativa ha ganado terreno en las recomendaciones realizadas a los Estados por parte de los organismos internacionales a fin de mejorar y adecuar sus sistemas de justicia juvenil a los estándares de derechos humanos en la materia. Así, lejos de más castigo, lo que se propugna es que las medidas estrictamente punitivas en el caso de los adolescentes cedan el paso a otro tipo de medidas basadas en la despenalización, la conciliación o mediación. En este artículo, nuestro interés es explorar de qué manera los debates y recomendaciones antes reseñados han impactado en las prácticas concretas de los agentes del sistema penal juvenil de distintas jurisdicciones de nuestro país. A partir de los datos recabados en una investigación que hemos dirigido y que tuvo por objetivo relevar las medidas alternativas al proceso penal juvenil, nos interesa identificar, caracterizar y analizar los usos más frecuentes de este tipo de medidas en las distintas jurisdicciones de nuestro país. Ello nos permitirá analizar los debates más actuales que en nuestro país tienen como protagonista a la justicia penal juvenil y también las maneras en que el enfoque restaurativo en ocasiones es usado para justificar reformas que lejos de reducir la intervención socio-penal, tal como exigen los estándares de derechos humanos, la expanden al proponer bajar la edad de punibilidad para los adolescentes.