La hegemonía radical (1916-1943)

Abstract

El proceso reformista alentado por un sector del conservadurismo desde comienzos de siglo reconoció un hito clave en la aprobación de la ley Sáenz Peña en 1912.1 Dicho proceso tuvo manifestaciones diversas en los escenarios provinciales; en efecto, las normativas electorales de cada provincia concretaron de manera cambiante la perspectiva reformista. Promulgada una semana antes que la ley Sáenz Peña, la reforma de la ley electoral tucumana de febrero de 1912 dio cauce a las condiciones de voto universal, masculino, adulto y secreto que modelaron, en sus trazos gruesos, las transformaciones introducidas por la nueva legislación a lo largo del país. Sin embargo, la ausencia del principio de obligatoriedad comportó un rasgo clave que la diferenció de otras provincias y de la normativa nacional.2 Amparados en la falta de instrucción de los electores, entre otros argumentos contrarios a la obligatoriedad, los legisladores del oficialismo rehuyeron la inclusión de esta cláusula y definieron otros mecanismos destinados a robustecer las chances del conservadurismo frente a un radicalismo en crecimiento, tales como el sistema de lista cerrada para los electores de gobernador, mientras que las bancas legislativas se distribuyeron mediante el sistema d’Hondt de representación proporcional (Fabris, Mauro Ferrari y Barbero 2002). La ley electoral provincial de 1912 rigió en las elecciones de renovación del Poder Ejecutivo de finales de ese año, en las que los conservadores se aseguraron un nuevo mandato en manos de Ernesto Padilla, prestigioso abogado e intelectual proveniente de una de las principales familias azucareras de Tucumán.