Sobrecriminalización e infracriminalización de las luchas ambientales un contexto de constitucionalización del extractivismo

Abstract

El artículo propone caracterizar, a partir de un análisis situado y contextualizado, las respuestas punitivas estatales y la ausencia de ellas, frente a las luchas ambientales que protagonizan comunidades indígenas en contextos de conflicto socioambiental. Para esto, se partirá de un análisis del proceso de reforma parcial de la Constitución de Jujuy. Se trata de un caso paradigmático que nos permitirá comprender cómo en escenarios de conflicto socioambiental el derecho penal opera de manera selectiva. Por un lado, criminaliza las distintas formas de defensa ambiental y territorial, como las protestas, mientras, por otro, evidencia una ausencia o debilitamiento en el tratamiento penal de las vulneraciones de derechos que producen actores estatales y privados vinculados al modelo extractivista. Desde los aportes teóricos de la criminología crítica, el artículo caracteriza este proceso a partir de los conceptos de sobrecriminalización e infracriminalización (Vegh Weis, 2021 y 2024). La primera, se relaciona con la priorización enfática, la intensificación desproporcionada y exacerbada de respuestas punitivas hacia quienes resisten el avance extractivo, particularmente de las luchas de los pueblos indígenas. La segunda, se refiere a la omisión sistemática de una respuesta penal frente a acciones y omisiones, de actores estatales y privados, que violan derechos humanos, particularmente de pueblos indígenas. Este doble estándar en el tratamiento penal configura las condiciones para que dicho modelo opere reafirmando sus lógicas de expoliación territorial, generando un escenario de impunidad estructural. La investigación es de carácter cualitativa y adopta el enfoque de estudio de caso. Para su desarrollo se combinaron distintas estrategias metodológicas: análisis bibliográfico, entrevistas en profundidad, revisión de notas periodísticas y observación participante. El trabajo busca contribuir a los debates sobre el derecho y su relación con los conflictos ambientales actuales y a la caracterización de la constitucionalización del extractivismo (Fernández Almeida, 2025).This article aims to characterize, through a situated and contextualized analysis, both the punitive responses of the state and the absence thereof in relation to the environmental struggles led by Indigenous communities in contexts of socio-environmental conflict. To this end, the analysis focuses on the partial constitutional reform process in the province of Jujuy, Argentina. This case is considered paradigmatic for understanding how, in such conflictive scenarios, criminal law operates selectively. On the one hand, it criminalizes various forms of environmental and territorial defense—such as protests—while, on the other, it reveals a lack or weakening of criminal responses to rights violations committed by state and private actors linked to the extractivist model. Drawing on critical criminology, the article analyzes this process through the concepts of overcriminalization and undercriminalization (Vegh Weis, 2021 and 2024). The former refers to the emphatic prioritization and disproportionate intensification of punitive responses targeting those who resist extractive expansion, particularly Indigenous struggles. The latter refers to the systematic omission of criminal responses to actions or omissions by state and private actors that violate human rights, especially those of Indigenous peoples. This double standard in penal treatment creates the conditions for the operation of the extractivist model, reinforcing its logic of territorial dispossession and generating a scenario of structural impunity. This is a qualitative case study, which combines multiple methodological strategies: bibliographic analysis, in-depth interviews, review of news media sources, and participant observation. The article seeks to contribute to the debate on the role of law in current environmental conflicts, and to the characterization of the constitutionalization of extractivism (Fernández Almeida, 2025).