La discriminación construida: El muro entre los municipios de San Fernando y San Isidro en la disputa por el espacio público

Abstract

El presente capítulo analizará el conflicto suscitado en el año 2009 entre los Municipios de San Fernando y San Isidro, ambos del Conurbano Bonaerense, a partir de la colocación por decisión de este último de un muro sobre la Avenida Uruguay, separando ambos distritos e impidiendo la circulación habitual entre ambos lados.Los conflictos urbanos permiten iluminar aspectos de la vida urbana que se encuentran naturalizadas y que son incorporados a un habitus o experiencia metropolitana. Al mismo tiempo son fértiles para observar las posiciones de los distintos actores de la ciudad en relación a los usos de los espacios públicos y privados, así como los límites y los espacios intersticiales entre ambos. También permiten analizar las concepciones y percepciones sociales de la ciudad de sus habitantes y las estrategias desplegadas para sostener, reforzar o modificar las jerarquías urbanas (Bourdieu, 1991). A su vez, cuando un conflicto entra en la agenda pública y, por lo tanto, es objeto de debate (en términos de Oszlak lo que constituye una cuestión socialmente problematizada) se explicitan las ideas de ciudad promovidas por los vecinos, los gobiernos, los expertos y la opinión publica. Entonces también permite visualizar qué tópicos pueden ser discutidos y cuáles no. Aquí vamos a tratar los hechos relacionados a la construcción del muro, pero también aspectos estructurales de la vida urbana y la gestión de las ciudades en la Región Metropolitana de Buenos Aires. En primer lugar, los episodios de desencuentros entre municipios y vecinos están estrechamente vinculados a la temática de seguridad e inseguridad. La justificación de la construcción del muro alegada por el Intendente de San Isidro se basó en un supuesto pedido de un grupo de vecinos de un barrio de ese distrito para que se tomaran medidas a fin de impedir situaciones de inseguridad, que según ellos venían acrecentándose en la zona. Kessler (2009) se refiere a la mayor preocupación por la seguridad en las últimas décadas, relacionada aunque no de forma directa con el aumento del delito. Así el miedo a la inseguridad tiene una autonomía relativa en relación a los delitos y se expresa en la vida en la ciudad. En los relatos recabados por él fueron emergieron nuevas preocupaciones y nuevos sujetos que cayeron en la sospecha. Así por ejemplo: En las calles apareció gente que antes no existía, temibles: piqueteros, cartoneros, limpiavidrios; en el hogar, se erosionó la confianza entre las empleadas domésticas, no tanto por ellas, pero puede haber un novio o algún cómplice en su entorno (op.cit: 112) También cambió la gestión de la inseguridad, adoptando múltiples dispositivos y una industria específica. Así creció en cantidad de empresas privadas de seguridad en la región y en el país, que como bien señala el citado autor, fueron respuesta al sentimiento de inseguridad pero al mismo tiempo lo reforzaron.La segunda cuestión para comprender el conflicto nos remite al debate de la segregación. Si bien hay fuertes controversias en relación a este concepto y sus usos, podemos plantear que alude a los espacios residenciales en cuanto a su homogeneidad u heterogeneidad y las formas de las división social del espacio (Duhau y Giglia, 2008). Segura (2012) critica la fijación de este concepto a un fenómeno estático, subrayando la necesidad de mirar los contactos e intercambios de los habitantes de las urbes fuera del espacio residencial, cuestión esencial en el movimiento de personas de un municipio a otro. A su vez, en las últimas décadas el término segregación fue asociado al crecientemente fenómeno de los barrios cerrados, que utilizaban los muros para aislarse del resto de la ciudad buscando sociabilidades elegidas (Svampa, 2001). No obstante se sucedieron muchas transformaciones en la ciudad que implicaron exclusión de algunos grupos. Podemos mencionar la recualificación urbana que genera gentrificación, y, por lo tanto, expulsión de sectores populares. Otra modalidad, tal como se observó en el barrio La Horqueta en los últimos años, donde se reforzaron las garitas de seguridad privada y barreras que obstaculizaron el paso fluido de automóviles y personas. La seguridad cómo tópico recurrente es legitimada como parte de la agenda urbana, mientras que la segregación no entra en debate. La sospecha recae sobre los habitantes de los asentamientos informales, que son considerados como los lugares donde residen aquellos que son causantes del delito. Los barrios cerrados o cercamientos aparecen en el discurso público como forma legítimas de garantizarse seguridad.Por último, queremos esbozar otro elemento que es necesario para entender el conflicto, la política urbana. El municipio como actor estatal en una metrópoli tiene la función de sancionar normas y regular los procesos de construcción o transformación de la ciudad. Por lo general, son objeto de investigación programas estatales nacionales, provinciales o municipales, o normas de alguno de estos tres niveles, pero aquí lo que se pone en cuestión son decisiones de un municipio a nivel micro. Las prácticas estatales cotidianas son un campo esencial de análisis y que tiene tantos o más impactos que los marcos regulatorios. Estas acciones recurrentes reproducen y legitiman al Estado, así como las realizadas por los ciudadanos de los distritos, que son incorporados a la experiencia urbana metropolitana. Se trata de una política de lugares (Carman, 2006), en este caso centradas en el control social y para ésto se apela a múltiples prácticas, algunas amparados en las leyes y otras a formas recurrentes de actuar. Estas acciones estatales tienen una dimensión simbólica. Los espacios se clasifican y se aplican sobre ellos dispositivos diferenciales: unos son controlados para no permitir la llegada de extraños y otros son vigilados para observar quiénes salen y hacia donde se dirigen. Dentro de la política urbana incluimos la cuestión del espacio público. Nos enfocamos aquí a lugares que son considerados sólo de paso, pero que tiene tanta importancia en la ciudad como las plazas, parques, etc. ya que sus características (iluminación, veredas, pasos, mobiliario, etc.) pueden ser un obstáculo o un facilitador para el flujo urbano y desde algunas perspectivas para la integración social. Estos temas estarán presentes en el análisis de la construcción del muro entre San Fernando y San Isidro.La estructura del capítulo es la siguiente: En primer lugar, nos referiremos a los muros urbanos y se describirán los hechos a partir de registros hemerográficos y la reconstrucción que realizaron los entrevistados . En segundo lugar, presentaremos y analizaremos la perspectiva de los vecinos de Villa Jardín del Municipio de San Fernando de lo sucedido y sus consecuencias, a partir de entrevistas realizadas en el año 2013, así como documentos municipales y judiciales. En tercer lugar presentaremos la perspectiva de los vecinos de San Isidro, considerando el contexto de las políticas socio-urbanas municipales. Por último reflexionaremos sobre las políticas de seguridad desplegadas por lo municipios antes, durante y a posteri del conflicto.