Educación

Abstract

El acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes38 y personas adultas constituye un derecho de relevancia para la población migrante que vive en la Argentina. De hecho, en muchos casos la posibilidad de estudiar es considerada una de las principales motivaciones del proyecto migratorio individual o familiar. Esto enfatiza la necesidad de diseñar políticas públicas y programas que promuevan el acceso equitativo a la educación. En términos normativos, las personas de nacionalidad extranjera cuentan con garantía para acceder al derecho a la educación en igualdad de condiciones que la población nacional. Así lo establecen tanto la Constitución Nacional como la Ley de Migraciones 25.871 (2003), la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado 26.165 (2006) y la Ley General de Reconocimiento y Protección de las Personas Apátridas 27.512 (2019). Este derecho se encuentra ratificado, a su vez, por la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 26.061 (2005) y por la Ley de Educación Nacional 26.206 (2006), que señala la responsabilidad del Estado de garantizar a las personas migrantes el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de todos los niveles del sistema educativo, independientemente de su situación migratoria y documentaria.