La Licencia Social para Operar: Análisis de Gobernanza y Modelos de Gestión Sostenible

Abstract

La Licencia Social para Operar (LSO) es un contrato no escrito, basado en la confianza y el respeto, esencial para la sostenibilidad del sector extractivo. Este análisis tiene como objetivo sintetizar la literatura reciente sobre la LSO, centrándose en su arquitectura conceptual, la dinámica de los stakeholders y su impacto económico en América Latina. La metodología se basa en una revisión documental sistemática y la síntesis de evidencia de estudios de caso regionales. Los resultados indican que la LSO se cimienta en tres pilares: legitimidad social, credibilidad y confianza. El factor más contundente en la gestión de la LSO en la región es la gobernanza, pues la desconfianza gubernamental amplifica el riesgo social. Además, la pérdida de LSO tiene un impacto negativo y mensurable en el Valor de la Empresa. Se concluye que la gestión exitosa de la LSO trasciende el mero cumplimiento legal, exigiendo la internalización de costos socioambientales y la inversión proactiva en justicia procesal y distributiva para asegurar la competitividad a largo plazo.

The Social License to Operate (SLO) is an unwritten contract, based on trust and respect, essential for the sustainability of the extractive sector. This analysis aims to synthesize the recent literature on the SLO, focusing on its conceptual architecture, stakeholder dynamics, and economic impact in Latin America. The methodology relies on a systematic documentary review and the synthesis of evidence from regional case studies. Results indicate that the SLO is founded upon three pillars: social legitimacy, credibility, and trust. The most critical factor in managing SLO in the region is governance, as governmental distrust amplifies social risk. Furthermore, the loss of SLO has a negative and measurable impact on the Enterprise Value. It is concluded that successful SLO management transcends mere legal compliance, demanding the internalization of socio-environmental costs and proactive investment in procedural and distributive justice to ensure long-term competitiveness.