La reforma constitucional y las instituciones de administración y justicia electoral de Santa Fe

Abstract

En el intento de reinstalar en la agenda pública el debate por la reforma de la Constitución de Santa Fe, ha trascendido que uno de los ejes contemplados por el oficialismo para llevar a la mesa de negociaciones se titula "Democracia, elecciones y participación ciudadana". En el repertorio de cuestiones relevantes que usualmente se asocian con este eje, aparecen la duración de los mandatos, la posibilidad de reelección del titular del Ejecutivo, la realización de comicios de medio término en la categoría legisladores provinciales o el diseño de mecanismos institucionales que viabilicen las iniciativas de la sociedad civil. Sin embargo, según veremos, también resulta pertinente considerar a las instituciones encargadas de las funciones de administración y justicia electoral, lo que a nivel internacional forma parte de los estudios sobre la gobernanza electoral. ¿Qué implicancias puede tener la Reforma Constitucional respecto a la arquitectura institucional involucrada en las distintas fases comiciales? Antes que eso, ¿es necesario introducir modificaciones en la gobernanza electoral provincial? Tanto en uno como en otro interrogante, nuestra respuesta surge de tomar en consideración no lo meramente coyuntural y estático (o sea, tal o cual "foto"), sino el proceso histórico-político santafesino (o sea, "la película"), con la interacción que a lo largo del tiempo se ha ido dando entre actores (partidarios y estatales) e instituciones. Esta perspectiva más amplia, al tiempo que nos lleva a sugerir introducir modificaciones en el diseño institucional de administración y justicia electoral provincial, nos señala también el horizonte de posibilidad de la reforma en ese nivel. En lo que sigue, expondremos primeramente algunos aspectos de la reciente historia política de Santa Fe. A continuación nos concentraremos en los rasgos básicos de la arquitectura comicial de la provincia y culminaremos exponiendo algunas propuestas que pueden ser tomadas en el proceso político de la Reforma Constitucional.