El programa Potenciar Trabajo en Argentina (2020-2023): Dimensiones y reconfiguraciones de la política pública más controversial del último tiempo

Abstract

El programa nacional “Potenciar Trabajo” se creó en 2020 en la Argentina con el propósito de contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas y, de esa manera, promover la inclusión social para personas en situación de vulnerabilidad social y económica. A su vez, se propuso llevar adelante diversas acciones que promovieran la economía social y popular. También, se planteó como objetivo que la política “vinculara los planes sociales con trabajo”, tal como lo enunció el exministro de desarrollo social, Daniel Arroyo. El programa estableció dos instrumentos de aplicación para lograr su propósito. Por un lado, la implementación de una prestación económica individual, que representa la mitad de un salario mínimo, vital y móvil, conocida como Salario Social Complementario. Para el cobro de este, las personas destinatarias deben realizar una contraprestación de media jornada laboral en proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales o terminar sus estudios primarios o secundarios. Dicha actividad laboral o educativa se encuentra bajo la órbita de una unidad de gestión (organizaciones sociales o municipios) que es responsable de certificar la participación de los inscriptos y verificar el cumplimiento de la contraprestación. Por el otro lado, el Potenciar Trabajo cuenta con un instrumento que otorga subsidios y/o créditos ministeriales a las unidades de gestión para garantizar la implementación, desarrollo y fortalecimiento de los proyectos.Esta política, por su carácter redistributivo, desde su lanzamiento recibió múltiples cuestionamientos de los sectores hegemónicos dedicados a desacreditar la inversión social que realiza el Estado. Sin embargo, en el último tiempo las críticas se enfatizaron dentro del arco político, incluso al interior del mismo gobierno y estas controversias terminaron influyendo en una reconfiguración de la política.Efectivamente, el Potenciar Trabajo mostró una serie de obstáculos para incorporar a las personas beneficiarias al empleo formal, además de presentar limitaciones para alcanzar tanto al universo de personas en situación de vulnerabilidad social y económica como al universo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Sin embargo, frente a esta restricción de la política, en vez de ampliarse el acceso a mayores sectores poblacionales, la decisión del ejecutivo fue dejar de admitir inscriptos y realizar una revalidación de datos que concluyó en la baja de 105 mil beneficiarios que no ratificaron su información personal .En este artículo se propone analizar el programa desde una mirada crítica y poner en discusión la capacidad que tiene hoy el Estado de intervenir, a través de una política pública, en una economía que presenta dificultades estructurales para generar puestos de trabajo formal en la actual dinámica del desarrollo capitalista. Por otra parte, se discute el concepto de “trabajo” ya que las personas beneficiarias del programa ciertamente trabajan, en la economía popular o en la economía informal, realizando actividades de baja productividad y con ingresos insuficientes, o llevando a cabo tareas de cuidados y comunitarias, es decir, tareas socialmente útiles que garantizan la reproducción social. De este modo, no sería necesario “vincular” a los titulares del programa “con trabajo”, ya que se encuentran trabajando, sino reconocer que el trabajo tiene diversas formas y no solo la forma tradicional y formal que prevalecía en la sociedad salarial de la década del ’50. De lo que se trata, en cambio, es de garantizar a estos trabajadores y destinatarios del programa los mismos derechos sociales y económicos que tienen los trabajadores formales, que hoy se encuentran en su ocaso. Si bien el Potenciar Trabajo avanzó en algunos aspectos afines al reconocimiento de estos derechos (derecho al trabajo, a la seguridad social y al cuidado), lo hizo de manera limitada.