Fútbol, violencia y Estado: Una historia política de la seguridad deportiva en Argentina

Abstract

Desde la vuelta de la democracia, en 1983, en el fútbol argentino se produjeron más de 220 muertes asociadas al espectáculo o a sus hinchas, de las cuales casi 100 ocurrieron en los últimos diez años. Estas cifras convierten a Argentina en el país con mayor cantidad de víctimas causadas por la violencia en el fútbol,1 superando a otros países donde este deporte es un fenómeno igualmente masivo y popular –como Brasil o Inglaterra–, y también a naciones que regularmente poseen elevados índices de violencia y criminalidad –como México o Colombia–.2Actualmente, la violencia en el fútbol constituye en Argentina un fenómeno que indudable y crecientemente es objeto de la intervención estatal. Existe un considerable número de leyes, normas y reglamentaciones para regular la acción de las personas que concurren a las canchas de fútbol. Existen agencias de seguridad deportiva en todas las jurisdicciones dedicadas a controlar y neutralizar la eventual violencia en el fútbol. Existen “expertos” estatales que acumulan saberes sobre cómo gestionar al público. Existen programas, campañas y acciones desde los distintos niveles estatales, así como desde la Asociación del Fútbol Argentino y desde la Liga destinadas a prevenir la violencia en las canchas. Existe también una percepción generalizada entre la sociedad de que los incidentes en los estadios constituyen un problema social que debe ser afrontado por el Estado. Estos y muchos otros motivos nos permiten afirmar que la violencia en el fútbol constituye en Argentina un problema público.