Las formas de estatalidad: derechos y violencias en Río Negro

Abstract

En nuestro país, la relevancia que adquirió el Covid-19, desencadenó un debate público y académico sobre el rol que deben ocupar las fuerzas de seguridad, en especial la policía, frente a las medidas de emergencia tomadas por el Estado durante el año 2020.[1] Como contracara de la prevención sanitaria dispuesta durante el lapso de cuarentena,[2] crecieron las denuncias de violencia institucional de las fuerzas de seguridad. A nivel nacional y local, episodios como éstos exhiben una de las características centrales del trabajo policial: la discrecionalidad que resulta de la aplicación del propio juicio del agente al elegir las herramientas y organizar él mismo su trabajo. De este modo, existe en el trabajo policial una realidad distinta de la aplicación mecánica de las reglas y de las disposiciones (Seri 2011; Monjardet 2010). Desde los años noventa, varias investigaciones han puesto de manifiesto la necesidad y preocupación por regular esa discrecionalidad que genera márgenes y zonas grises dentro de la institución policial, y en definitiva, en todas las fuerzas de seguridad. Dando cuenta de los vacíos institucionales que permiten abrir esas zonas de arbitrariedad que pueden ser completados/complementados con conducción política (Tiscornia 1998; Tiscornia et al 2004; Sain 1998, 2002, 2008a, 2008b, 2009, 2010, 2015, 2017; Pita 2010; Frederic et al 2014; Sozzo 2008).