La destitución de Fernando Lugo Méndez: Reflexiones sobre democracia y poder diez años después

Abstract

La noche del 22 de junio de 2012 Fernando Lugo, rodeado de sus asesoras y asesores de mayor confianza, declaró ante los medios de comunicación: "Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe, hoy no es Fernando Lugo el que es destituido, es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos". Luego aceptó la decisión del Congreso de removerlo de su cargo y agradeció a la sociedad por su apoyo y acompañamiento.Lugo, el exobispo expresidente –la figura política cuyo mayor capital provenía de su repertorio religioso y de su capacidad de articular a las oposiciones detrás de su liderazgo moderador– seguiría en la escena pública como senador a partir del año 2013. Sin embargo, con el golpe parlamentario mediante el cual fue removido se dio por terminado un proceso político original en el Paraguay democrático: el triunfo de un candidato no colorado, encabezando la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), multipartidaria y pluriorganizacional, que incluyó también a un partido tradicional (el Partido Liberal Radical Auténtico).Una experiencia única desde la caída del stronismo, que inauguró una nueva máxima electoral: para ganarle a la Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado) es necesaria una alianza de partidos opositores, pero para permanecer en el poder e imprimir un cambio en el rumbo democrático y económico del Paraguay solo con eso no es suficiente. El mismo Lugo lo había adelantado en su discurso de asunción presidencial: "El cambio no es una cuestión electoral", o al menos no únicamente.El proceso de la APC estuvo atravesado por un conjunto de tensiones características de cualquier ejercicio de gobierno. Las instituciones, sus pesos y contrapesos, reequilibran el poder y lo redistribuyen, con la intención (al menos escrita en las normas) de que no se generen gobiernos de tinte autoritario. Aquel primer mandatario que no logre contar con fuerzas extendidas propias tendrá que negociar incansablemente con el resto de las coaliciones para poder gobernar.