Caso 5: Voto electrónico. Prudencia, controles y garantías

Abstract

El proceso electoral de 2015 agregó un elemento más al análisis político de coyuntura. A las ya conocidas y esperadas mediciones electorales sobre candidaturas, desempeño electoral de éstas en las primarias y la reorganización de los partidos políticos frente a las elecciones generales, se sumó el debate sobre la introducción del voto electrónico. En nuestro país, la primera experiencia vinculante en elecciones generales se efectuó en 2003 en la VII sección del territorio bonaerense pero sólo para electores extranjeros. Ésta se hizo a través de un acuerdo de cooperación técnica entre los gobiernos de Argentina y Brasil por la cual el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) facilitó el hardware, software y asesoramiento técnico de los comicios mientras que el gobierno provincial pagó los costos del traslado de las urnas electrónicas como así también los pasajes y viáticos de los funcionarios y técnicos del TSE. Desde aquel entonces, se han venido desarrollando innumerables y heterogéneas pruebas con diferentes modelos de máquinas y de empresas proveedoras -tanto privadas como del estado provincial- pero siempre en territorios acotados al ámbito municipal y provincial (Tula, Diéguez y Eyherabide, 2005).Si bien ha habido varios debates en todo este tiempo, ninguno llegó a ser tan intenso como el que se presentó en2015 cuando el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -a través de los decretos reglamentarios 441/14 y 513/14- incorporó la Boleta Electrónica o Boleta Única Electrónica (BUE) como nuevo instrumento de emisión del sufragio .Este trabajo tiene como objetivo analizar la aplicación de la BUE en la Ciudad de Buenos Aires en 2015.