Quince años de litigio habitacional en la Ciudad de Buenos Aires: De la "otra ventanilla" al "cierre del grifo"

Abstract

El artículo analiza más de diez años de litigios judiciales por el ingreso y la permanencia en el programa de subsidios a la emergencia habitacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: más de tres mil causas de carácter individual fueron iniciadas por la defensa pública en protección de la población en situación de pobreza. Esas causas se fueron convirtieron en el mayor reclamo en materia social en los tribunales locales mostrando un elevado nivel de democratización en el acceso a la justicia. Durante el proceso se establecieron circuitos institucionales y prácticas adaptativas entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Los tribunales se consolidaron como “la otra ventanilla” de suministro de los subsidio habitacionales para esos sectores sociales. A partir de 2012 el poder legislativo local introdujo criterios de selectividad según la situación de vulnerabilidad de la población que excluyeron del recurso legal a amplios grupos de personas (“cierre del grifo”). Sin embargo, los aspectos sustantivos de la relación entre los poderes, el alcance del “derecho a la vivienda” y la respuesta programática frente a la crisis habitacional no fueron modificados. Palabras clave: Pobreza, política habitacional, movilización legal, derecho a la vivienda, Ciudad de Buenos Aires.The article analyzes a kind of judicial litigation which has been carried on for more than ten years: the one that seeks for the entrance and permanence in the emergency housing subsidy program from the Buenos Aires City Government. More than three thousand individual claims were initiated by the public defense in order to protect the population experiencing a situation of poverty. Those cases turned into the greater social claim in the local courts, showing a high level of democratization with regard to the access to justice. During the process institutional and practical circuits between the executive authority and the judicial power were settled. The courts consolidated as “the other window” of provision of a housing subsidy for those social sectors. As of 2012 the local legislative branch introduced selectivity criteria according to the population’s situation of vulnerability which excluded large groups of people from the legal resource (“tap closing”). Nevertheless, the substantive aspects of the relation between State branches, the significance of the “right to housing” and the programmatic answer to the housing crisis were not modified.