La construcción del poder local en la campaña bonaerense. Discusión sobre la legislación en torno al funcionamiento y atribuciones de los juzgados de paz, 1854-1884

Abstract

En este trabajo se analiza la legislación sobre la justicia de paz de la campaña, con el objetivo de estudiar el esfuerzo que realizó el gobierno central para fortalecer las instituciones en el ámbito rural como parte de la organización del Estado. Se analizará de qué manera se conformó un corpus legal que permitiera a los nuevos gobernantes controlar la campaña a través de los jueces de paz. El recorrido de la legislación sobre el funcionamiento y atribuciones de los juzgados en la segunda mitad del siglo XIX indicó que para su mejor análisis se agruparan las disposiciones en asuntos de gobierno en los que tenían intervención, en la jurisdicción contenciosa, en temas económicos, en las atribuciones fiscales y en el papel desempeñado en la legislación terrera. Además, se comentan las disposiciones contenidas en el Código Rural y en algunos casos, en sus antecedentes que contienen las encuestas encargadas por Valentín Alsina. No obstante, se advertiría que la reiteración de varias medidas indica que, en muchos casos, las mismas fueron de difícil cumplimiento. En algunas situaciones, quizá se podría explicar porque los jueces formaban parte de redes personales que les impedirían sancionar a sus pares o negar favores. En cierto sentido cumplirían su papel de agentes estatales al perseguir a los más débiles pero como su actuación incluía a otros sectores de la sociedad rural más importantes, allí se observa la renuencia a aplicar las normas. Tal como se viene estudiando, en las vinculaciones locales que tenían los jueces se apoyaba también su capacidad para ejercer el poder. A través del estudio de este material se revelan los principales problemas de la campaña bonaerense, el rol asumido por el Estado para ordenar y controlar las actividades rurales mediante un sistema básicamente centralista que les otorgó a los jueces un papel preponderante. Después de 1854, con la creación de las municipalidades, efectivizada a partir de 1856, el juez de paz siguió conservando su importancia en tanto presidente de la misma. Por otro lado, además de adquirir mayor relieve como agente electoral, sus atribuciones económicas no disminuyeron puesto que adquirieron importancia como agentes electorales después de la caída de Rosas cuando "predomina en ésta el aspecto político, tanto como antes había predominado el económico y militar".