Análisis de la explotación de puma en Argentina

Abstract

El puma (Puma concolor) es una de las especies de carnívoros de mayor tamaño y con más amplia distribución en el continente americano, históricamente presente desde Canadá hasta el extremo sur de Argentina y Chile (Currier, 1983). En Argentina, su distribución geográfica comprende todas las provincias continentales (Bonnot et al., 2011). Se trata de un predador adaptable y oportunista, de hábitos mayormente nocturnos, cuya dieta incluye presas de diversos tamaños con predominancia de mamíferos terrestres (Llanos et al., 2016). Es un felino solitario y territorial. Ocupa territorios mayores cuando los recursos son limitantes, llegando a utilizar áreas de más de 450 km2 (Parera, 2002). Por su carácter de depredador tope de gran tamaño, es particularmente sensible a la expansión de la actividad humana (Forero-Medina et al., 2009). Si bien es capaz de subsistir en ambientes modificados por el hombre, en lugares de alta presión agrícola-ganadera o industrial, ha sufrido retracciones en su rango e incluso extinciones locales (Chimento y De Lucca, 2014). Las principales amenazas que enfrenta el puma son la pérdida y fragmentación de hábitat, disminución de sus presas naturales y la caza furtiva (Crooks, 2002; Parera, 2002; Canevari y Vaccaro, 2007). Para el libro rojo de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) su categoría de conservación es de “Preocupación menor” (IUCN 2015). A nivel nacional, la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) considera a la especie como de “Preocupación menor”, pero recomienda el monitoreo de algunas poblaciones que podrían estar en riesgo por la persecución directa y/o modificación del hábitat (Ojeda et al., 2012). En la mayoría de la provincias del país, el puma carece de protección legal explícita, aunque en algunas podría considerarse amparado por las distintas Leyes Generales de Protección de Fauna (propias o que adhieren a la Ley Nacional 22.421). Por otra parte, en muchas de estas provincias se permite la caza de control sobre la especie, así como también la caza deportiva; en general sin los controles necesarios para asegurar su sustentabilidad (Chebez y Nigro, 2010).