Inclusión educativa y migración venezolana en Santiago de Chile: Tensiones para la garantía del derecho a la educación

Abstract

A partir de la adhesión a compromisos internacionales tales como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, como así también mediante la reglamentación de instrumentos como la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018-2022, el Estado de Chile ha expresado su vocación de promover y garantizar una educación inclusiva para niños/as y adolescentes en contexto de movilidad. Dentro de esta población, la venezolana ha adquirido, en los últimos años, un interés creciente. Y ello porque el proceso migratorio venezolano ha alcanzado una magnitud, relevancia y visibilidad tal que ha modificado las dinámicas migratorias de la región. Chile no escapa a esta tendencia y presenta, para febrero de 2023, más de 440 mil migrantes provenientes de Venezuela, colectivo que representa casi el 30% del total de población extranjera residente en el país.No obstante, pese a las dimensiones del fenómeno, existe aún escasa evidencia acerca de las implicancias que una medida como la Política Nacional ha tenido en relación a la población venezolana desde la perspectiva de los propios actores locales, es decir, desde quienes a diario se encargan de su puesta en funcionamiento, ya sea a través de la acción concreta en los establecimientos educativos como de la mediación entre las instancias estatales y las escuelas (municipalidades o servicios locales). En consecuencia, el objetivo de este capítulo es reconstruir, analizar y discutir qué tensiones o aspectos problemáticos ellos identifican en la implementación y resultados de esta política desde una perspectiva regional. Para ello, se analizan entrevistas en profundidad a informantes clave, tales como responsables de niveles intermedios y directivos de establecimientos educativos en territorios con altos índices de migración venezolana. El análisis de estas tensiones se realiza a la luz del modelo de las 5A, esto es, de las cinco dimensiones desarrolladas por el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para establecer el cumplimiento del derecho a la educación. El modelo incluye elementos vinculados a la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y la rendición de cuentas. Las conclusiones ofrecen una reflexión que problematiza los escenarios de desigualdad y discriminación, así como recomendaciones para la puesta en acción de las políticas visibilizando las condiciones que inciden en los procesos de inclusión-exclusión educativa de la población migrante venezolana.