El conflicto del Riachuelo: Cuencas metropolitanas y justicia ambiental

Abstract

En 2004 un conjunto de vecinos afectados con problemas de salud causados por la contaminación de las aguas, el suelo y el aire en la cuenca Matanza-Riachuelo presentaron una demanda por daño ambiental colectivo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2006 la Corte dio lugar a esta demanda conminando al Gobierno Nacional, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a llevar adelante un plan integral de saneamiento ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hasta ese momento no había existido un organismo de carácter metropolitano con capacidad de intervenir en la cuenca y fue a partir de entonces que se produjo un cambio importante para la institucionalidad de las cuencas metropolitanas. Desde el año 2007 la encargada de llevar adelante la política de recomposición ambiental es la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), un organismo tripartito integrado por representantes del Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es importante destacar que ACUMAR tiene plenas competencias para intervenir en el territorio y, para ello, tiene que llevar adelante un Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo (PISA). El mismo fue monitoreado mediante audiencias públicas hasta que en el año 2006, la Corte dictó sentencia por prevención y recomposición e impuso medidas de implementación. En estos once años la relación entre el poder ejecutivo y el judicial ha sido tensa pues la política para el Riachuelo ha estado sometida a revisión en los tribunales. ACUMAR ha tenido grandes dificultades para consolidar su estructura institucional y para sostener un plan de mediano y largo plazo, una muestra de ello es que en los últimos diez años el organismo ha renovado sus autoridades prácticamente cada año y medio, al tiempo que ha modificado su estructura funcional en al menos quince oportunidades. Esto nos lleva a afirmar que es importante hacer una revisión de los desafíos político-institucionales que es necesario enfrentar cuando se trata de cuencas metropolitanas que se extienden en territorios de alta degradación ambiental. En este artículo quisiera ocuparme de dos asuntos que son importantes para entender la significación política de este conflicto: por un lado la cuestión referida a los desafíos para la gobernabilidad ambiental de la cuenca; por el otro, me interesa seguir el alcance de las medidas en términos distributivos y en relación con un enfoque de derechos. Mi propuesta es reflexionar sobre los diferentes obstáculos políticos que se presentan para llevar adelante una política de recomposición ambiental del Riachuelo y también abrir interrogantes sobre los criterios de justicia que orientan las acciones en términos de los actores e intereses son tomados en cuenta.