Racismo, derechos humanos, y educación superior en Argentina

Abstract

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, a algunas de las cuales supone superiores a otras, a las que considera moral e intelectualmente inferiores. La discriminación racial es la forma más visible en que el racismo afecta las vidas de innumerables personas y comunidades, pero no es la única. Existen otras formas menos visibles, pero no por ello menos importantes. Son las que desde hace siglos condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones desventajosas, inequitativas, violatorias de los derechos humanos, y a que estas circunstancias hayan sido en alguna medida naturalizadas por otros sectores de las sociedades de las que forman parte, que no reaccionan proactivamente para acabar con estas inequidades. En Argentina, si bien el racismo no afecta solo a personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas, numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente y que estas han sido naturalizadas por otros sectores sociales (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar, 2019; ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; Mato 2020, ONU, 2012, 2017, 2019; Ramírez, 2019). El racismo afecta a todo el sistema educativo, incluyendo la educación superior, cuyas aspiraciones de equidad y calidad menoscaba. El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales y en particular en el resto del sistema educativo. Porque es en la educación superior donde se forman las y los profesionales que diseñan y aplican las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el sistema educativo, como también quienes elaboran materiales educativos. Además, el racismo ha naturalizado el carácter monocultural de la educación superior, lo cual afecta la calidad de la investigación y formación profesional que esta provee, debido a que no abarca las visiones de mundo, lenguas, historias, epistemologías, conocimientos y saberes de pueblos indígenas y afrodescendientes. Las limitaciones derivadas de la formación monocultural de profesionales de la salud y otros campos han resultado especialmente evidentes en el manejo de la pandemia de la COVID-19. Llamativamente, en Argentina, que es un país con avanzada legislación y políticas públicas en materia de derechos humanos, todavía hoy la Ley de Educación Superior (Ley 24.521) no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional vigente. Además, este nivel educativo tampoco cuenta con políticas públicas e institucionales que aseguren esos derechos. En este sentido, Argentina es uno de los ocho países americanos más atrasados en la materia. Más aun, este atraso de la Ley de Educación Superior respecto de la Constitución de 1994 también contrasta con los avances de adecuación a la misma que en el año 2006 se incluyeron en la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206) (Mato 2020).