El COVID y el derecho, vulnerado, de las personas privadas de libertad a mantener comunicación con sus seres queridos

Abstract

El 13 de abril se informaron los primeros casos de diagnósticos positivos por Covid-19 que tuvieron estrecha relación con personas privadas de la libertad (PPL). Se trata de cuatro profesionales de la salud que trabajan en la Unidad de Devoto correspondiente al Servicios Penitenciario Federal (SPF). La situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus, así como las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que ha dictado el Poder Ejecutivo Nacional son conocidas por y para la población general, pero poco se conoce lo que ocurre con las PPL y los efectos que tienen sobre ellas, sus familiares y afectos. La medida general consistió en restringir al mínimo posible y/o suspender todo tipo de contacto con el exterior y los ingresos de cualquier naturaleza, en unidades carcelarias y comisarías. Es decir, lisa y llanamente, las personas presas no pueden recibir visitas, lo cual implica el impedimento, de forma casi absoluta, de establecer contactos con familiares y amigos. La medida de suspensión de las visitas resulta razonable en tanto se pretende impedir el ingreso y la propagación del Covid-19 en un ambiente sobrepoblado; con escasas o nulas condiciones de higiene (ventilación, iluminación, sanitarios, etc) y casi nulo acceso a elementos para garantizar el cuidado (lavandina, barbijos, alcohol en gel; guantes); con limitado acceso a ropa de cama, colchones y vestimenta adecuada; escasa y mala alimentación y atención de la salud, entre otros. No obstante, hay que reconocer que esa razonabilidad, provoca la vulneración de otros derechos fundamentales como son el contacto con el núcleo familiar y los afectos más cercanos, precisamente, en momentos en que, por las angustias crecientes, todos y todas tratamos de estar más cerca de nuestros seres queridos de cualquier forma.