Estudios de impacto arqueológico en canteras de la Provincia de Tucumán

Abstract

El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer los estudios de impacto arqueológico realizados como complemento del informe de impacto ambiental de en minas de tercera categoría, comúnmente denominadas canteras. Estas explotaciones se realizan con el fin de para la extracción de minerales de naturaleza pétrea o terrosa, es decir, materiales empleados en la construcción y ornamento. Existen dos tipos de canteras, las húmedas se ubican en las márgenes de un curso de agua y son utilizadas para la obtención de arena, ripio, piedra bola, etc.; y las secas corresponden a la extracción de yeso. En este trabajo expondremos la metodología de trabajo utilizada en canteras secas, y analizaremos las relaciones entre el Código de Minería de la Nación (Ley N° 1919) y la legislación actual para la Provincia en lo referente a la protección y conservación medioambiental y del patrimonio sociocultural. En estrecha relación con el tema mencionado se efectuará una reflexión crítica acerca del papel desempeñado por las instituciones y autoridades implicadas en el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes. Para ejemplificar lo anterior citaremos la falta de control de la actividad minera a medida que se alejan de San Miguel de Tucumán, por ejemplo, las canteras ubicadas en Tafí del Valle, en su gran mayoría no se encuentran registradas en la Dirección de Minería de la Provincia, es decir, que no cuentan con el permiso pertinente para la explotación. A lo anterior debemos sumar las extracciones de áridos realizadas por los municipios y Vialidad, las cuales se llevan a cabo sin ningún tipo de control. Para finalizar, consideramos de suma importancia presentar el panorama bajo el cual se desarrolla la actividad minera de tercera categoría en Tucumán, lo cual hace evidente la urgencia de reglamentación de la ley Provincial N° 7500 para la protección del patrimonio cultural de la Provincia de Tucumán, sancionada en diciembre de 2004 y promulgada en enero de 2005. Pues sin la debida reglamentación, la protección y conservación de los bienes patrimoniales está sujeta a la decisión de los canteros si realizan o no el informe de impacto arqueológico.