Obligatoriedad de los fallos plenarios. Objeción constitucional

Abstract

En este artículo se analiza y se pone en duda la constitucionalidad del 2° párrafo del art. 10 de la ley 24.050, toda vez que prescribe la obligatoriedad de los fallos dictados en forma plenaria, tanto para las cámaras que lo dictaron como también para todos los tribunales de jerarquía inferior. Esta clase de fallos o sentencias son actos jurisdiccionales, por medio de los cuales los tribunales de alzada (en pleno) resuelven una cuestión de derecho y establecen la doctrina legal aplicable al caso concreto y otros análogos, es decir, fijan un criterio jurisprudencial y tienen carácter obligatorio tanto para la misma cámara que lo dictó como para los otros jueces de instancias inferiores. En primer lugar, se realiza un análisis sobre la validez formal de los arts. 10 y 11 de la ley 24.050. En efecto, estos artículos cumplen con todos los requisitos formales, es decir: pertenecen a un sistema jurídico, han sido legalmente creados (de acuerdo al proceso establecido en la CN para la creación y sanción de leyes), están en vigor (la ley que los contiene no fue derogada) y existen de modo específico, por lo tanto, esas normas son formalmente obligatorias. Pero, en segundo lugar, se realiza un análisis sobre la validez material o sustancial de esos artículos. En este sentido, la exigencia de obligatoriedad de los fallos plenarios prescripta en el 2º párrafo del art. 10 de la ley 24.050 es, a mi juicio, inconstitucional. Ello es así porque dicha obligatoriedad no resulta coherente con principios constitucionales y normas de jerarquía superior, y por tanto el párrafo que la contiene es materialmente inválido. Las razones de esta afirmación se desarrollan en este artículo.