La educación y el trabajo para la inclusión social de los jóvenes

Abstract

La etapa de crecimiento inclusivo que se iniciò en el año 2003 impactó en los jóvenes, en su vinculación con la educación y el trabajo de manera contradictoria, ya que posibilitó canales de integración a través de la escuela y del trabajo, pero generó una tensión entre aquellos jóvenes que encuentran dificultades para continuar sus estudios porque deben trabajar, en especial aquellos que provienen de sectores más carenciados. A lo largo del articulo se analizan los modelos de crecimiento implementados en Argentina, tanto en la dècada del 90 como el posterior a la crisis del 2001, a partir de los principales indicadores económicos, laborales y sociales que caracterizaron a los mismos. Asimismo, se analiza la función social de la educación en cada uno de los períodos y las trayectorias educativas y laborales seguidas por los jóvenes de 15 a 24 años en dichos contextos. Tanto en la década del 90 como en el inicio de los 2000, los jóvenes redujeron su participación en el mercado de trabajo, pero mientras que en los `90 la falta de oportunidades laborales hizo que la escuela se convirtiera en un espacio de contención y de refugio, a partir del 2003 la creación de empleo permitió que muchos jóvenes lograran pasar de la desocupación al empleo y alcanzar una mayor integración social. Sin embargo, el efecto de atracción que tuvieron los nuevos empleos y el mantenimiento de las necesidades económicas que continuaron existiendo en sus familias, impidieron que la escuela se transformara en el destino de estos jóvenes. La matrícula en el nivel medio se mostró estable y creció principalmente entre el sector de jóvenes que logró complementar la educación con el trabajo. La incorporación temprana al trabajo, ya sea porque produce el abandono de los estudios o porque implica acceder mayoritariamente a empleos precarios y no registrados, se constituye en un importante obstáculo en el acceso a mayores niveles de igualdad de posibilidades para todos los jóvenes, al tiempo que amenaza con perpetuar los circuitos de oportunidades diferenciadas. En un contexto donde la nueva Ley de Educación Nacional plantea avanzar en la obligatoriedad del colegio secundario, las políticas públicas se enfrentan a un doble desafío. Por un lado, garantizar que todos los jóvenes puedan egresar del nivel medio, retrasando el acceso al mundo del trabajo o, en su defecto, generando estrategias que permitan combinar el trabajo y el estudio de manera tal que no signifiquen una desventaja para quienes deban recurrir a esta alternativa. Por otro lado, desarrollar políticas que recuperen la vigencia del certificado de la escolaridad media tanto en torno a la continuidad de los estudios superiores como para el acceso a un mercado de trabajo digno y calificado.