Fracking en Argentina: consenso fósil y resistencias silenciadas

Abstract

Argentina es un país que en las dos últimas décadas se ha caracterizado por la creciente emergencia de conflictos ambientales, donde comunidades locales tuvieron un rol protagónico en el rechazo a diferentes actividades consideradas contaminantes. Estos conflictos llegaron a impedir la instalación de proyectos extractivos, siendo la minería a gran escala el mayor ejemplo de esta resistencia.Sin embargo, respecto a la actividad petrolera la conflictividad ambiental se presenta en casos aislados y con escaso grado de éxito, considerando como tal el freno de la actividad o su mayor control socioambiental. La creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en la década de 1920, dotó de una identidad petrolera a muchas poblaciones del país. Fue privatizada en la década de 1990, y en 2013 el Estado argentino tomó control de la mitad más uno de sus acciones. En ese momento, trascendió públicamente la existencia de una gran reserva de shale "Vaca Muerta", en la provincia de Neuquén, presentada por el gobierno argentino como el gran potencial para el auto-abastecimiento energético del país, y la promesa de arribo de inversiones más importante de Argentina. El gobierno argentino firmó un acuerdo con la empresa norteamericana Chevron para la explotación de este yacimiento, empresa acusada por contaminación en Ecuador. La aprobación de este acuerdo por la legislatura neuquina se hizo en medio de una fuerte represión hacia quienes se manifestaban su contra. Desde entonces, la localidad neuquina de Añelo se transformó en el corazón del fracking en Argentina. Como contracara, comunidades mapuche que habitan en la zona de interés de empresas petroleras, denunciaron la falta de consulta previa y el accionar de fuerzas de seguridad. Paralelamente, en la localidad de Allen, en el Alto Valle del Río Negro, tradicional región frutícola, también comenzó la explotación petrolera mediante fracking. Si bien se produjeron algunas manifestaciones sociales rechazando esta actividad, rápidamente fueron mermando en el tiempo, producto de la resignación y ciertas estrategias empresariales en consonancia con los poderes gubernamentales. En 2018, la fractura hidráulica comenzó también en Mendoza, en Puesto Rojas, Malargüe. Las manifestaciones sociales en repudio a esta actividad fueron masivas en algunos departamentos agrícolas y en la capital provincial, impulsadas por las asambleas por el agua que venían resistiendo a la instalación de la megaminería, desde más de una década atrás. Sin embargo, el gobierno mendocino autorizó la actividad, flexibilizando los pasos administrativos de su evaluación ambiental. Este trabajo realiza una descripción del avance del fracking en estos diversos contextos provinciales, problematizándolo como una actividad extractiva con impactos sociales y ambientales de gran magnitud, que es presentada por gobiernos y empresas como una nueva etapa de la actividad petrolera tradicional. Para ello, recurrimos a documentación gubernamental, empresarial, testimonios de pobladores de las comunidades cercanas a los proyectos extractivos y otras fuentes, para mostrar las disputas que en cada territorio se han generado y cómo se han violentado procedimientos ambientales existentes y derechos de las comunidades locales.