Los servicios urbanos y el COVID-19: Antes, durante y, también, después

Abstract

Antes ya de la pandemia, los servicios urbanos han contribuido a colocar a las ciudades latinoamericanas en situaciones críticas, en la medida que se fueron deteriorando cuantitativa y cualitativamente, consolidando una tendencia al aumento de la desigualdad, acompañando a las demás dimensiones urbanas, conformando condiciones de exclusión relativa y absoluta1 para algunas familias. Los servicios urbanos integraron y fortalecieron esas transformaciones de la ciudad. Siguiendo una tradición europea continental, esos servicios fueron calificados de públicos. Se hacía referencia a su orientación como bienes de uso para la satisfacción de necesidades, accesibles para todos, sin exclusiones debidas a condiciones sociales en sentido amplio (sociales, económicas, culturales, étnicas, etc.). Servicios garantizados como derecho ciudadano de inclusión. Sin embargo, ese concepto se fue degradando, perdiendo esa significación sustantiva, sustituyéndola por otra formal. Tal degradación conceptual fue correlativa con procesos concretos de deterioro de los servicios que como bienes públicos pertenecen a todos y deben satisfacer las necesidades de todos. Sin embargo, fueron quedando subordinados a una condición estructural de las sociedades capitalistas: la generalización de la mercantilización de bienes y servicios. Esto significa que, si bien se producen para satisfacer necesidades, se introducen en el mercado para recibir a cambio la cantidad de dinero definida en el precio comercial, que permite recuperar los costos de producción y realizar la ganancia- Esto obliga a quienes necesitan de esos servicios a disponer de la cantidad de dinero necesario para pagar ese precio. Es decir, la mercantilización de los servicios implica su sustitución como bienes de uso públicos por bienes de cambio (mercancías privadas), ya que excluye de su acceso a quienes no disponen de tal cantidad de dinero (insolventes). En América Latina ese proceso ocurrió en muchos casos sin que se modificaran las condiciones de propiedad de las empresas prestadoras de los servicios, ya que empresas estatales comenzaron a operar adoptando los criterios de reproducción económica de las empresas capitalistas. Un segundo paso, que consolidó la pérdida del carácter público fue la privatización de esas empresas. La transferencia a actores económicos capitalistas, por diferentes medios, del control de las infraestructuras, de la toma de decisiones sobre la producción y distribución del servicio, las estrategias de expansión, las decisiones de localización de las redes y su ampliación, así como sobre la producción del bien a distribuir (agua, electricidad, gas, por ejemplo) y su comercialización, captando las ganancias, muchas veces extraordinarias. El primer efecto fue la pérdida de su carácter de servicio universal (público), siendo entendido como servicio obligatorio. La empresa debe prestar el servicio a quienes cumplen con los requisitos que indica la regulación, que incluyen cierta localización y el pago de las tarifas que correspondan. Sin embargo, el servicio siguió siendo nombrado público, no ya por su universalidad sino por estar sometido a regulación. Aparece entonces un cuarto elemento importante: las tarifas de los servicios privatizados se gestionaron como precios comerciales, disminuyendo los subsidios que hubiera, para garantizar, no solamente la recuperación de costos (cuyo cálculo no siempre estaba legitimado), sino también la obtención de ganancias, utilizando muchas veces modalidades innovadoras de cobro (como la energía prepaga). Todo lo anterior justificó la sustitución de las políticas gubernamentales permisivas con los consumos no plenamente legales de la población de bajos ingresos por su represión (como defensa de la propiedad privada de las empresas). Como si fuera poco, ahora pende sobre esos servicios la amenaza de la penetración de la financiarización que consolidaría su carácter de meros bienes de cambio gestionados para extraer ganancia.