El ejercicio de la responsabilidad parental en los casos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad

Abstract

Sin duda la función de responsabilidad parental al momento de la intersección entre la condición de niñez y la de discapacidad, pone sobre la mesa un valor que sustenta y fundamenta los derechos humanos, y que se relaciona con una dimensión de la idea de dignidad humana, como es la de autonomía. Así, puede identificarse una dignidad intrínseca del ser humano la fórmula kantiana que obliga a considerar a la persona siempre un fin y nunca un medio-. Yuna dimensión de dignidad extrínseca que exige considerar a toda persona sujeto moral, con capacidad de elección autonomía-. En el contexto y la especificidad de la niñez: la autonomía progresiva se convierte así, en un principio fundamental, receptado por el derecho internacional de los derechos humanos, y consagrado en nuestra legislación. La autonomía progresiva y la responsabilidad parental pasan a ser dos caras de una misma moneda, y ejercen entre sí y en forma simultánea un impacto con efectos inversamente proporcionales. Asumir que un niño, niña o adolescente cuenta con un determinado grado de autonomía que le permite la toma de decisiones relativas a determinadas cuestiones, obliga a la responsabilidad parental a "retroceder" en algún punto; a la inversa, cuestiones que por su trascendencia exigen una fuerte participación de los responsables familiares o bien en el caso de niños con escasa madurez y desarrollo para implicarse en las decisiones, habilitan un mayor despliegue de la función. Este principio de autonomía potencia el ejercicio personal de los derechos, concebidos como instrumentos para garantizar otro principio fundamental en el que tiene incidencia, como lo es el libre desarrollo de la personalidad. La función de la responsabilidad parental en el contexto de la niñez y adolescencia con discapacidad implica el acompañamiento necesario para que el niño, niña y/o adolescente alcance su desarrollo integral en la medida de sus potencialidades. Para ello es necesario promover y potenciar las posibilidades de comunicación para que el niño, niña y/o adolescente pueda ser escuchado/a, y en virtud de ello brindarle las herramientas para que pueda ejercer su capacidad progresiva, de conformidad con su grado de madurez (es decir, en igualdad que el resto de niños, niñas y adolescentes).Desde una mirada interseccional, lo anterior obliga una relectura en clave de discapacidad de los principios que informan la responsabilidad parental (el principio de la capacidad progresiva, el principio del interés superior, y el derecho a ser oído/a y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta). Ello nos conduce a los mismos principios que guían el derecho de la niñez, pero que a su vez deben incluir la perspectiva de discapacidad. En términos de Bobbio, un necesario proceso de especificación que viene a remediar la invisibilidad del colectivo en una falsa universalización de los derechos. La función de responsabilidad parental, por ende, deberá estar regida por esta intersección de principios. En lo que sigue se comparten algunas reflexiones sobre dos ámbitos en los cuales se ilustra la necesidad de una política que profundice dichos principios y su materialización práctica.