Sindicatos frente al reto de las competencias: El caso docente en Argentina

Abstract

La política de las competencias recarga sobre las espaldas del trabajador las consecuencias de la desestructuración del mercado de trabajo y lo obliga a asumir la responsabilidad por la falta de empleo. Las empresas, que históricamente han sabido ser centros de formación y calificación en el puesto de trabajo, tercerizan esta actividad en el Estado presionándolo (a través de su potencia corporativa y de la presencia de sus agentes en la estructura misma del Estado) para la construcción, junto con los sindicatos, de políticas públicas que los liberen lo más posible de la responsabilidad social que les cabe. La certificación por competencias tienen además una consecuencia adicional, que es el divorcio entre la certificación y los procesos de enseñanza formales impartidos por el sistema educativo que, más allá de todas las críticas que pueden realizarse y de sus falencias evidentes, constituye la forma más universal y, por lo tanto, más democratizada de certificación. En este sentido, las credenciales acreditativas otorgadas por fuera del sistema educativo tienden a profundizar las desigualdades sociales que pretende cuestionar y revertir, ya que en el caso de que tuviesen algún valor para acceder o permanecer en el empleo (cuestión que aun resta probar), no ofrecen ninguna vinculación con la formación y las certificaciones que aporta el sistema educativo.