Políticas de empleo una visión sintética de largo plazo (1989-2011): Partiendo de una definición y categorización de políticas de empleo, se analizan los cambios acontecidos en ellas durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI

Abstract

Según Jacques Freyssinet, en sentido amplio, y dada la interrelación entre variables, “el concepto de política de empleo designa al conjunto de intervenciones del sector público sobre el mercado de trabajo, que pueden producir cambios en la estructura y funcionamiento de los mercados de trabajo en términos cuantitativos o cualitativos”. En ese sentido, todos los instrumentos de la política económica (de comercio exterior, cambiaria, de crédito, fiscal, por sectores específicos, de infraestructura), científica, tecnológica y de innovación, social, educativa, de desarrollo regional, de salud y cultural pueden movilizarse para generar efectos sobre el empleo, pero con un peso diferenciado según los ámbitos de la intervención del sector público. En sentido estricto, “la política de empleo agrupa al conjunto de acciones que apuntan a anticipar o a corregir los desequilibrios del mercado de trabajo, a generar nuevos empleos, reducir el desempleo y el subempleo, mejorar los procesos de adaptación dinámica entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, favorecer la formación y reconversión profesional así como la adaptación de los recursos de mano de obra a las necesidades del sistema productivo”. Al definirse así la política de empleo, la misma debe insertarse como condición necesaria en un proceso de crecimiento “rico en empleos” (porque el estancamiento y la recesión destruyen empleos), impulsado por un cambio científico y tecnológico orientado hacia la innovación en cuanto a los procesos (que aumentan la productividad, reducen los costos y mejoran la calidad) y sobre todo para dar lugar a nuevos productos (que aumentan la demanda de fuerza de trabajo más calificada) y brindan la posibilidad de ampliar el mercado tanto interno como externo. Estos dos conceptos deben situarse en el contexto de economías de mercado reguladas –en mayor o menor medida– por el poder público, que procuran satisfacer las necesidades esenciales de la población y están sometidas a crecientes exigencias en materia de competitividad entre países.