Política migratoria y seguridad en Argentina hoy: ¿el paradigma de derechos humanos en jaque?

Abstract

Este artículo tiene por objetivo abordar los recientes cambios operados en la política migratoria argentina, con especial énfasis en las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 (de enero de 2017), con vistas a iluminar los vínculos actuales entre migraciones, derechos humanos y seguridad. El caso argentino resulta de especial interés porque la Ley Migratoria vigente desde 2004 incorpora importantes estándares de derechos humanos, que deberían funcionar como límite al avance de ciertas prerrogativas soberanas del Estado en nombre la seguridad. Las distintas medidas adoptadas por el Gobierno de la alianza Cambiemos, desde su llegada al poder en 2015, se basaron en una vinculación directa entre migración y criminalidad, dirigida a reinscribir la política migratoria en el terreno de la seguridad y a enfatizar el control, en detrimento de la integración de las personas migrantes. Creemos que el DNU 70 tiene un carácter ejemplar para el análisis específico de las paradojas que entraña la criminalización de las migraciones, con el consecuente avance de la excepcionalidad soberana, en un contexto normativo de reconocimiento de los derechos humanos. Sobre estas tensiones versa el presente artículo, con la expectativa de que este caso pueda alumbrar otros similares.

The goal of this paper is to address recent changes over Argentine migration policy, particularly reforms introduced by Necesity and Urgency Decree (Decreto de Necesidad y Urgencia-DNU) nro. 70, issued by Executive Branch in January 2017, to highlight this manner the current linkage among migrations, human rights and security. Argentina’s case is of the most importance given that its Migration Law (from 2004) has recognized the highest standards on human rights, which should work as a limit in front of certain State’s actions taken in the name of security. Measures adopted by Cambiemos government (a right based coalition that won in 2015) are based on a direct bound between migration and criminality intended to rewrite migration policy in the field of security so to emphasize control instead social integration of migrant persons. In this frame we believe DNU 70 set an example that allows analyzing the paradox encompasses in the criminalization of migrations, with consequences such as more exceptionalism in sovereignty, even though in a context of general recognition of human rights. This article goes about these tensions expecting Argentina’s case may iliminate others.