Tierras indígenas: La deuda externa. Reclamo histórico al Estado argentino

Abstract

El sofisticado andamiaje jurídico sobre legislación indígena quedó ensombrecido con la promulgación de la Ley 26.160 hace once años. Fue un “parche” a compromisos y obligaciones que el Estado decidía desatender, sostiene la antropóloga Natalia Castelnuovo. Hoy se vuelve a tratar su prórroga. La norma, además de impedir desalojos, estableció un Programa de Relevamiento, que solo logró cumplirlo en un 30 por ciento. Para Castelnuovo, los años sin su correcta implementación permitió, además, que jueces locales dieran luz verde a desalojos y que la elaboración de una política orientada a la titulación de las tierras comunitarias, el problema de fondo, quede en suspenso.