Jefe Político

Abstract

La figura de la jefatura tuvo su origen en España a partir del artículo 324 de la Constitución de Cádiz de 1812. Inicialmente se lo denominó jefe superior, pero a partir de la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, del 23 de julio de 1813, la denominación cambió por la de jefe superior político. El jefe político era la autoridad superior a la que estaban sometidas todas las demás en sus circunscripciones, estatales y locales, teniendo atribuidas amplias facultades coactivas para conseguir imponer sus decisiones. Formaba parte de una decisión de fuerte centralización monárquica, ya que su designación dependía directamente del rey y solo a él respondía (González Oropeza et al., 2012). Además, aquella constitución imponía en cada provincia, incluso en las de ultramar, una diputación provincial a cuya cabeza colocaba al jefe político. Estas diputaciones quedaban a cargo de todas las funciones administrativas y económicas de esas regiones que incluían la recaudación y distribución de contribuciones, sugerir las obras públicas de cada provincia en las Cortes, promover la educación y la economía. Estos últimos tres aspectos eran especialmente relevantes en las provincias de ultramar respecto de la figura del jefe político puesto que, cuando se trataba de obras de urgencia y ante los extensos tiempos que requeriría la aprobación de las Cortes en Cádiz, era esa figura quien asumía la responsabilidad de arbitrar las autorizaciones inmediatas (González Oropeza et al., 2012, pp. 170-176). El jefe superior, entonces, era considerado como la máxima autoridad política en las provincias, donde actuaba como delegado directo del rey, ante quien respondía y en el caso de las de ultramar su decisión equivalía a la de las Cortes.