Movilizaciones legales y judiciales en torno del aborto en Argentina: Apuntes para el debate

Abstract

En América Latina el aborto es un grave problema de salud pública y derechos humanos. Concretamente en Argentina los datos de mortalidad materna publicados por la dirección de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación muestran que, aunque en los diez años que van de 2004 a 2014 las muertes maternas cuya causa se atribuye a un aborto han disminuido algo más de un 50% aún representan un 15 % de ellas. Es que, a pesar de la difusión que ha ganado el uso del misoprostol como herramienta recomendada por la Organización Mundial de la Salud en embarazos de hasta 12 semanas de gestación y de su implementación progresiva dentro de algunos espacios de atención pública de salud, aún siguen existiendo obstáculos para su acceso.Para revertir esta situación los feminismos y las mujeres en movimiento han llevado a cabo una serie continua y sistemática de acciones. Una estrategia sostenida desde el retorno democrático ha sido la legal (ligada a la posibilidad de modificar o crear una ley en el Congreso de la Nación) a la que más tarde se sumó de modo mucho más activo, la judicial (vinculada con la posibilidad modificar o incluso crear derecho en los tribunales). Esta última inició durante los años ochenta como una alternativa periférica y con el tiempo ha adquirido cierta centralidad en coordinación con muchas otras acciones. Por añadidura, en convergencia con la creciente judicialización se percibe un proceso de juridificación mediante el cual el lenguaje jurídico-legal ha impregnado progresivamente las demandas y disputas en torno al aborto. En esa línea el artículo interroga acerca de los usos del derecho y sus efectos en relación con los procesos de juridificación de la demanda por aborto en Argentina desde el retorno democrático y hasta 2018. Queda fuera de análisis el debate parlamentario de 2018 y todo lo que a partir de allí se desplegó. Y también excluyo del análisis aquí presentado el debate de 2020 y la reciente sanción de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, aunque parte de las conclusiones podrían ser útiles aún en un contexto de legalidad como el que ahora está vigente en Argentina.