El principio de legalidad y el principio de oportunidad: Tensión irresoluble para el reformismo procesal

Abstract

En escrito en homenaje al profesor Julio Maier, me enfoco en uno de los grandes dilemas que ha tenido y tiene el reformismo procesal penal latinoamericano inspirado por este profesor, que es el de hacer conjugar el principio de oportunidad y el principio de legalidad procesal. Ese dilema, que resulta imposible de resolver en un esquema de demagogia penal y de expansionismo punitivo.Como reconocía Maier, la legalidad procesal sigue “la vocación de igualdad ante la ley propia de un Estado de Derecho, exige medir con la misma vara a todos los habitantes, de modo tal que aquel de quién se sospeche que ha infringido la ley penal del Estado debería sufrir un juicio y, eventualmente, ser condenado a cumplir una pena (principio de legalidad)”. Pero “este ideal resulta de cumplimiento imposible en una escala tan enorme, que el ideal no puede ser mantenido ni siquiera como tal” .Por ello, a partir de la tarea legislativa, el profesor Maier propuso tímidamente introducir algún criterio racionalizador basado en la “oportunidad”. Así, en el proyecto de Código Procesal Penal argentino elaborado en 1986 establecía que la persecución penal debía ser promovida y proseguida por el representante de la vindicta pública y no podía cesar o suspenderse sino en los casos expresamente regulados por la ley.Según lo expuesto en este trabajo, entiendo que debería revisarse el carácter público de los delitos y procurarse la satisfacción por otros medios de los intereses de los hombres de carne y hueso que fueron afectados por la situación conflictiva originaria. No implica esta afirmación aceptar todas las consecuencias del ideario abolicionista. Es posible y deseable mantener el derecho penal –y sus garantías- como el marco donde se resuelven estos problemas interindividuales. También reconozco que pueden existir algunas situaciones en las que resulta más conveniente atenerse al viejo derecho penal iluminista (o garantista y minimalista en la forma expuesta por Ferrajoli).Creo, como consecuencia, que debe invertirse el criterio general que le otorga carácter público a las acciones, y residualmente mantiene algunos con persecución privada. De esta forma se receptaría un sistema acusatorio viable en el que la víctima, naturalmente, contaría con el más amplio poder de disposición de la acción y así manejaría la mayor gama de posibilidades para resolver el conflicto en el que se encontró inmersa. Es de destacar, en este sentido, que cuando el Estado aparece directamente afectado (cuando es víctima en la situación originaria) se busca legislativamente la posibilidad de solucionar su problema, permitiendo evitar la fatal imposición de pena (como sucede con lo previsto en el artículo 16 de la ley penal tributaria de la República Argentina). Si se admite en este caso que el mejor resultado posible para el Estado es el obtenido mediante la negociación, debería otorgársele también esta posibilidad a los individuos afectados, en cada caso.