Estrategias para proteger a las trabajadoras domésticas durante la pandemia Covid-19

Abstract

La pandemia Covid-19 trastocó el funcionamiento de la sociedad en general, sin embargo, algunos sectores se vieron más afectados que otros. Las trabajadoras domésticas, que representan el 15,5% de las mujeres ocupadas y el 20,5% de las asalariadas, fueron uno de los grupos más golpeados debido a que la percepción de sus ingresos y la continuidad en el puesto de trabajo estaba condicionada por la situación vivenciada por los hogares empleadores durante la pandemia, particularmente mientras duró la cuarentena. Los datos de la EPH muestran que en 2020 se perdió el 31% de los puestos de trabajo en el sector. Asimismo, dos investigaciones de carácter cuali-cuantitativo realizadas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) dan cuenta del modo en el que paulatinamente fueron destruyéndose los puestos de trabajo y la manera en que la percepción de ingresos fue disminuyendo a lo largo de la cuarentena (Casas y Palermo, 2021; Pereyra et al., 2022; Tizziani y Poblete, 2022). Ambas investigaciones muestran con contundencia cómo la posición de las trabajadoras domésticas en el mercado de trabajo se vio fragilizada en ese contexto.Esta fragilización se debió, en gran medida, a las implicancias de la superposición de distintos tipos de normativas que tenían por objetivo protegerlas durante esa crisis sin precedentes. El trabajo doméstico remunerado estuvo sujeto a diferentes normativas: sanitaria, laboral y asistencial. En primer lugar, aquellas cuyo objeto era contener la expansión del virus a través de un conjunto de restricciones a la circulación y una serie de protocolos que regularon el uso de espacios colectivos (principalmente, lugares de trabajo y transporte público). En segundo lugar, aquellas relativas al trabajo buscaron protegerlas de eventuales despidos. Finalmente, aquellas destinadas a proveer ingresos complementarios o de reemplazo, basadas en los programas sociales existentes o que tomaron a estos programas como modelos. En el caso del trabajo doméstico remunerado, a esta superposición entre distintas normas legales, es necesario adicionar dos fenómenos distintos pero convergentes: por un lado, la tensión intrínseca entre las normas producidas por el Estado y –lo que Adelle Blackett (2019) denomina– “la ley del hogar como lugar de trabajo”; y por otro, la instauración sistemática y generalizada de relaciones laborales por fuera del marco legal. Desde la perspectiva del pluralismo legal, Blackett sostiene que en el hogar –en tanto que lugar de trabajo– se producen interpretaciones ad hoc de las regulaciones estatales, así como también se establecen nuevas reglas que definen el modo en el que se realiza esa actividad. Según esta autora, “la ley del hogar como lugar de trabajo”, construida a lo largo del tiempo –y enraizada en el modelo de la servidumbre e inscripta en cuerpos marginalizados, etnicizados y racializados–, establece distintas restricciones y posibilidades de acción, instaurando mecanismos de control e instancias de definición o veto entre empleadores y trabajadoras domésticas. La ley del Estado y “la ley del hogar como lugar de trabajo” se encuentran entonces en constante competencia , aunque es la segunda la que predomina de manera recurrente. Puertas adentro, el empleador hace su ley, por consiguiente, la incidencia de las regulaciones estatales resulta limitada. En este sentido, la superposición de distintos tipos de normativa habilita una multiplicidad de interpretaciones ad hoc por parte de los empleadores tendientes a fragilizar la función protectora de la ley.Asimismo, una de las características distintivas del sector es el alto y persistente nivel de informalidad. En 2013, al aprobarse la Ley 26.844 , que fue acompañada por un conjunto de políticas de formalización y campañas de promoción del trabajo formal, el trabajo registrado aumentó de manera significativa hasta alcanzar el 25% en 2015. Desde entonces, se mantuvo en ese mismo nivel hasta 2020 donde, por efecto de una pérdida significativa de puestos informales, los puestos formales oscilaron entre el 30% y el 40% del total. No obstante, a finales de 2021, la tasa de formalidad volvió a ubicarse cercana a valores previos a la pandemia (22,5%). Esto significa que actualmente el 77,5% de las trabajadoras se encuentra por fuera de las protecciones legales. Utilizando un abordaje cuanti-cualitativo , este capítulo analiza el modo en el que la superposición (y competencia) entre los distintos tipos de normativa estatal (sanitaria, laboral y asistencial) produjo espacios de incertidumbre normativa permitiendo una multiplicidad de interpretaciones ad hoc por parte de los empleadores, contribuyendo así a profundizar la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban las trabajadoras domésticas durante la pandemia.