Revocatoria de mandato: ¿Accountability social o estrategia electoral? La cuestión de la sucesión

Abstract

La revocatoria de mandato es un mecanismo de control ciudadano que ha sido incorporado en varias constituciones latinoamericanas desde los años 90 en medio de un clima de crisis de la representación política. Es un tipo especial de referéndum que habilita a la población a poner un fin anticipado al mandato de un representante electo que ha perdido su confianza.Si el resultado de la consulta popular es la revocación, el mandatario cesa inmediatamente en el cargo y se abre una etapa crucial vinculada con su modo de reemplazo. Tales modalidades pueden ser: por elecciones, a través de un suplente o vice, o por selección interna dentro de un órgano colegiado. El supuesto a indagar en este capítulo es que el modo de reemplazo del mandatario se convierte en un factor central para definir el uso dado al mecanismo: como una herramienta de accountability societal o como un instrumento de disputa político-electoral intraélite. Para ello, se desarrolla un estudio exploratorio de los países latinoamericanos que incorporan la revocatoria en sus Constituciones nacionales: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Primero, se hace un análisis normativo de sus Leyes Fundamentales y de sus reglamentaciones nacionales, a fin de conocer el tipo de sucesión previsto por cada Estado. Luego, se efectúa un estudio de casos en profundidad para observar el desempeño de la revocatoria en los hechos. Tras el desarrollo de la investigación emerge la siguiente observación: cuando la normativa prevé que el reemplazo del representante revocado sea por vía no electoral (por ejemplo, a través de un suplente o vice), el mecanismo registra poco uso y la mayoría de los casos son iniciados por la ciudadanía para prescindir de un mal gobernante. En cambio, cuando la sucesión se define por elecciones, la revocatoria se usa con más frecuencia, y en mayor medida es impulsada por actores políticos que pretenden acceder anticipadamente al cargo. Dichos resultados ponen en cuestión la verdadera utilidad de un mecanismo que ha sido creado para favorecer el control ciudadano hacia los gobernantes, debido a que algunos aspectos de su diseño institucional pueden habilitar un uso indeseado del mismo, atentando contra la gobernabilidad y la estabilidad institucional.