Economía popular, trabajo y políticas públicas Reflexiones desde la experiencia de vendedores/ as ambulantes organizados/ as en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Abstract

En los últimos años, la venta callejera fue cobrando visibilidad en el escenario urbano a partir de devenir en una opción -sino deseable, al menos posible- para parte de las clases populares en Argentina; especialmente con la irrupción de las sucesivas crisis económicas que desde mediados de la década del ’70 llevaron a una paulatina y creciente heterogeneización del mercado de trabajo local, signado por el crecimiento de ocupaciones de subsistencia no asalariadas, el aumento del empleo informal y distintas formas de precariedad. A la par de ello, emergieron diversas organizaciones del campo popular orientadas a la representación social y gremial de los/as trabajadores/as que se encontraban por fuera de la relación salarial clásica –aunados en la última década bajo la noción de economía popular- en pos de construir herramientas para la reivindicación y defensa de los derechos laborales de estos colectivos. Este proceso de organización desde las bases tuvo su correlato en la institucionalización de políticas públicas en los distintos niveles de gobierno que, aún con limitaciones, reconocen y promueven la economía popular. En el caso de los vendedores/as, estas experiencias organizativas son relativamente recientes y en los últimos años han contribuido a denunciar y visibilizar la crítica situación en la cual se encuentran estos trabajadores/as. Particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, la actividad se encuentra signada por una regulación difusa –ubicándola en las fronteras de la legalidad/ilegalidad- y ligado a ello, por situaciones cotidianas de violencia y discriminación asentadas en la criminalización de los/as vendedores/as. Estos hechos se replican tanto en distintos agentes estatales (como las fuerzas de seguridad y los funcionarios encargados de controlar el espacio público en el territorio porteño), como en diversas organizaciones de vecinos/as y comerciantes que disputan el derecho al uso de la ciudad. En este marco, la pandemia del COVID-19 tendió a profundizar las desigualdades preexistentes, en tanto la crisis económica y laboral suscitada afectó en mayor medida a los segmentos del trabajo más vulnerables, como los/as trabajadores/as informales, las mujeres, los/as jóvenes, aquellos con menores credenciales educativas y en términos relativos a quienes estaban por fuera de la relación salarial antes de la implementación de las medidas orientadas a contener la expansión del virus y sus impactos (Maldovan, Dzembrowski y Goren, 2021). Durante los primeros meses del 2020, el objetivo de las políticas fue limitar la circulación de personas en la mayor medida posible. A este fin, el gobierno nacional estableció un criterio de delimitación de las diversas actividades económicas basado en la consideración de esencialidad y, ligado a ello, de habilitación para llevarse a cabo en los lugares habituales de trabajo. Aquellas que quedaron por fuera de esta distinción debieron –cuando era posible- reconvertirse a la modalidad de teletrabajo o bien estuvieron imposibilitadas de llevarse a cabo. Así, los/as trabajadores/as no habilitados –y fundamentalmente aquellos/as previamente excluidos de los marcos institucionales de protección social- vieron comprometidas sus fuentes de trabajo e ingresos. El caso de los/as vendedores/as callejeros/as resulta un ejemplo significativo para dar cuenta de estos impactos diferenciales, así como de las desigualdades que atraviesan las condiciones de reproducción de “la clase que vive del trabajo” en la actualidad y el lugar que juega la política pública en la modulación de las mismas. En este escenario, el objetivo de estas páginas es reflexionar sobre los supuestos y concepciones del trabajo en la economía popular y, en particular sobre la venta callejera, que orientan las políticas públicas, a fin de comprender los modos en que estas concepciones se materializan en prácticas, normas y procedimientos que excluyen, estigmatizan y/o criminalizan a este grupo. Estas reflexiones parten de una investigación cualitativa llevada a cabo entre el 2019 y el 2021 que combinó diversas técnicas de relevamiento (la aplicación de un cuestionario en los principales puntos de concentración de la venta callejera en la ciudad, grupos focales, entrevistas, observaciones y análisis documental). Las reflexiones que presentaremos se sitúan en la Ciudad de Buenos Aires, siendo esta uno de los epicentros del crecimiento de la venta callejera en Argentina en las últimas décadas, teniendo dos “picos” identificados en los años 2001 y 2018. Partimos de definir a quienes se dedican a esta actividad como trabajadores y trabajadoras que componen el heterogéneo universo de la economía popular, entendida como un campo en construcción que puede ser comprendido a partir de tres dimensiones en disputa. Una dimensión simbólica y conceptual, referida a la delimitación de las fronteras históricamente establecidas en lo que respecta a la definición de trabajo. En este punto se busca discutir las visiones restringidas sobre el concepto (tanto desde la teoría como desde los distintos instrumentos y políticas estatales) las cuales se asientan en una visión mercantil y colocan al trabajo asalariado formal como el “tipo ideal” al cual se debería responder y aspirar, dejando por fuera o bien abarcando de manera negativa a quienes no se integran en este modelo. Categorías como informalidad, exclusión, (in)empleabilidad, dan cuenta de este último punto. Por el contrario, el abordaje de la economía popular propicia el abordaje de distintas racionalidades económicas y habilita su comprensión ampliando los márgenes de los enfoques que subsumen sus análisis a la noción de rentabilidad. En este marco, los trabajos que se realizan en la economía popular son entendidos como socialmente necesarios, y por ello requieren ser reconocidos, protegidos y valorados. Una segunda dimensión, vinculada al análisis de las prácticas de estos/as trabajadores/as, que implica dar cuenta de cómo trabajan, cómo se organizan, cuáles son los saberes y trayectorias presentes en sus oficios y experiencias, entre otras. En este punto se destaca el hecho de que las prácticas laborales y económicas en la economía popular tienen un importante anclaje en las unidades domésticas, así como una fuerte inscripción territorial. Asimismo, este enfoque permite dar cuenta de cómo estas prácticas ponen en cuestión las formas instituidas/dominantes de hacer economía, de producir, distribuir y consumir bienes y servicios, pero también de organizar colectivamente al mundo del trabajo y disputar derechos y protecciones (Hopp y Mutuberría, 2022). Finalmente, y vinculado a las dimensiones anteriores, se ubica el plano de las políticas públicas, donde las tensiones centrales se despliegan entre las formas históricamente instituidas de intervención estatal en el ámbito laboral -organizadas a partir de la figura del trabajo asalariado- y en el social –asociado a las formas tradicionales de asistencia a la pobreza- (Hopp, 2021). Estas discusiones devienen centrales para el análisis ya que, como desarrollaremos, el enfoque adoptado tiene importantes implicancias en cómo se delimitan las problemáticas y necesidades de estos trabajadores/as, cómo se los caracteriza y, a partir de ello, la intervención estatal en la materia. Entre otras cuestiones porque la definición de la venta callejera como un trabajo tiene una importancia radical en la fundamentación para que esta actividad sea legalizada y con ello regular e institucionalizar las prácticas y derechos de los/as vendedores/as.