Entre rojos y fascistas, el consulado argentino en Alicante. Solidaridad y no intervención en la Guerra Civil Española

Abstract

Frente al golpe militar que desembocó en la guerra civil española en julio de 1936, la Argentina se plegó a la política de No Intervención colectiva sostenida por los gobiernos europeos. Así lo mantuvo el presidente Agustín Justo y lo implementó su canciller Carlos Saavedra Lamas, quién argumentó la actitud de prescindencia asumida ante lo que consideraba era un estado de insurrección, sin reconocer la existencia de dos bandos beligerantes -lo que hubiera justificado una posición de neutralidad-, y lo continuaron sus sucesores desde febrero de 1938, el presidente Roberto Ortiz y el ministro de Relaciones Exteriores José María Cantilo. El Poder Ejecutivo Nacional recién estimo suspendidas las relaciones con la II República Española el 25 de febrero de 1939, pocas horas antes que Gran Bretaña y Francia reconocieran al régimen del general Francisco Franco. Aquel criterio legalista en lo jurídico coexistió con una política humanitaria que se pudo expresar en la defensa del derecho de asilo, que cómo muchas naciones, pero especialmente las latinoamericanas, se volcó en la protección de perseguidos y refugiados, a través de las representaciones diplomáticas, consulares y también en buques de guerra. Bien se ha dicho que tales acciones poco pudieron prodigarse frente a las sumarísimas medidas de represión que se implantaron con militar ejecutividad en los territorios dominados por los sublevados nacionales, y fue en donde la República mantenía poder donde hubo oportunidad y espacio para atajar los actos de violencia que se desataron en las principales ciudades españolas. Cómo es lógico, esa protección fue mayoritariamente para esos perseguidos. Aunque distintos autores a lo largo del tiempo han señalado la afección mayoritaria de su sociedad -y dentro de ella, de sectores de la comunidad de inmigrantes- hacia la II República, venimos señalando la existencia de un significativo sector de su ciudadanía que, frente a las controversias ideológicas que estaban en juego en España, se alarmaron por las promesas revolucionarias, las convulsiones sociales, el anticlericalismo y la violencia que la crisis española contenía. Para algunos fue pánico ante los desbordes, similitud de valores tradicionales -Dios, Patria, Familia, Propiedad-, afinidad con ideales conservadores, para otros menos, una cercanía con el fascismo. El trabajo se centra en la figura de quién estaba al frente de la sede consular de uno de los principales puertos del Levante español, el vice-consul Lorenzo Barrera. Función honoraria a cargo de ciudadanos del país representado, asentados de largo tiempo, con estrechas relaciones sociales y vínculos familiares, pero con menos cobertura oficial, el accionar de Eduardo Lorenzo Barrera, guíado por propósitos humanitarios, asumió formas convencionales que poco disimularon su objetivo de "salvar gente" a favor de la causa nacional y protegerlos del ?régimen marxista? que los perseguía. A diferencia de los diplomáticos y marinos que actuaron en los salvamentos de asilados organizados por Argentina, cuya profesionalidad permitió sostener la política prescindente ordenada por el PEN, la experiencia que se vivió en el vice-consulado de Alicante exhibe una adhesión más comprometida con los nacionales. Barrera sistió y participó, en diferente grado, de los principales acontecimientos que se sucedieron en la ciudad convertida en principal puerto de abastecimiento y de evacuación de españoles, al principio de la guerra y en el derrumbe republicano. Con una suma de fuentes acopiadas, la reconstrucción se enriquece a través de la mirada singular del vicecónsul argentino, favorecida por una documentación inédita de gran valor: las memorias que Barrera escribió en 1951 para su hijo sacerdote jesuíta.