Prescripción de la acción y revolución: Sublevación judicial y autoridad del derecho

Abstract

La ley 27206 incorporó al derecho argentino una nueva causa de suspensión de la prescripción de la acción penal: cuando se cometa un delito contra la integridad sexual y/o trata de personas en perjuicio de un menor de edad, “se suspende la prescripción […] hasta que [la víctima] habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad” (CP, art. 67 párrafo cuarto). En tales casos, la prescripción de la acción no comienza a correr desde la medianoche del día en que se habría cometido el hecho o dejado de cometer, si se tratara de un delito continuo, como plantea el art. 63, CP. En consecuencia, el art. 67 cuarto párrafo constituye un caso de ampliación de los plazos de prescripción de la acción penal vis a vis con el régimen general del art. 63. Sin embargo, y pese a que el derecho argentino lo prohíbe, algunas resoluciones judiciales avalaron la aplicación retroactiva de la ley 27206. ¿Cómo ha sido ello posible? A tratar de responder esta pregunta, se dirige este trabajo. Para ello, recordaremos, por un lado, los argumentos de las sentencias que defendieron total o parcialmente la aplicación retroactiva de la ley 27206 (infra II) y, por otro, las razones esgrimidas por quienes consideran que las cláusulas sobre la prescripción de la acción penal no se encuentran amparadas por el principio de legalidad (infra III). Seguidamente, analizaremos el alcance del principio de legalidad en el derecho argentino y, con ello, demostraremos por qué la ley 27206 no puede aplicarse retroactivamente (infra IV). Nos referiremos a algunas razones teórico-metodológicas que pueden explicar por qué algunos tribunales convalidaron la aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa y, con ello, la violación del principio legalidad (infra V). Finalmente, expondremos las conclusiones (infra VI).