Crisis agraria y política de tierras en la provincia del Chaco (1953-1983)

Abstract

En este trabajo se analiza la política de tierras de la provincia del Chaco entre 1953 y 1983. En ese período el Estado aún poseía el dominio legal de amplias superficies por lo cual la administración de terrenos fiscales todavía cumplía un papel importante como instrumento para promover el crecimiento económico. Durante la etapa Territorial (1872-1953) la distribución de la tierra en forma gratuita o a bajo costo constituyó uno de los principales incentivos para promover el poblamiento de la comarca. La adjudicación estuvo a cargo del gobierno nacional y alcanzó su mayor desarrollo entre las décadas de 1920 y 1950. En esos años la creación de colonias y el auge del cultivo del algodón atrajeron a miles de productores pequeños y medianos quienes en forma espontánea se asentaron en el suelo fiscal. Los organismos oficiales no estuvieron en condiciones de regular este proceso dentro de los marcos legales. Como resultado se conformó una estructura agraria caracterizada por la tenencia precaria del suelo y una alta proporción de minifundios. A partir de 1953 las tierras fiscales pasaron a la jurisdicción del gobierno de la provincia. Una de las tareas de la política de tierras en los inicios de la etapa provincial era la de completar el proceso de transferencia de la tierra al dominio privado mediante la regularización de las ocupaciones de hecho. Este traspaso legal sólo podía efectuarse mediante el otorgamiento de parcelas con extensión suficiente para que constituyeran unidades de producción rentables. En consecuencia, la regularización de la tenencia también implicaba una profunda reorganización de la estructura agraria dado que la distribución de la tierra con criterios de eficiencia económica sólo podía efectuarse mediante la erradicación de los minifundios. Un tercer objetivo de la política de tierras era la ampliación de la frontera agropecuaria mediante el avance sobre las áreas cubiertas de bosque y la zona árida del oeste de la provincia. La solución a los problemas de la tenencia y distribución de la tierra parecía urgente debido a la profunda caída que experimentaba la actividad agrícola basada en el monocultivo algodonero. Para superar esta crisis era necesario afianzar el sector de productores que contaban con explotaciones de extensión suficiente para encarar la diversificación agrícola y que tuvieran recursos para invertir en tecnología y equipamiento. Entre 1953 y 1971 se completó la mensura de las tierras fiscales ya ocupadas, creció el ritmo de entrega de títulos y se tomaron medidas para incorporar nuevas tierras mediante el desbosque. Sin embargo, en conjunto los avances logrados en cuanto a la regularización de la tenencia fueron limitados por la escasez de recursos y la vigencia de un régimen legal anacrónico. La situación cambió radicalmente a partir de 1972 momento en que la política de tierras pasó a constituir un tema prioritario de la acción de gobierno. A ello contribuyó la creciente protesta rural encabezada por las Ligas Agrarias y el crecimiento los ingresos provinciales por la ampliación de los fondos transferidos por la Nación. Como punto de partida se creó un organismo administrador con amplias atribuciones, el Instituto de Colonización, y se modificó la legislación de tierras. La labor del organismo aceleró el proceso de privatización del suelo en las áreas ya ocupadas. La regularización de la tenencia fue acompañada por proyectos de desarrollo rural y de ampliación de las explotaciones que no llegaron a ponerse en práctica. También se encaró un ambicioso proyecto de expansión de la frontera agropecuaria para la incorporación productiva de las tierras del occidente árido. Al iniciarse la década de 1980 la mayor parte de las tierras más ricas y productivas eran de dominio privado o estaban en proceso de serlo. Esta regularización aunque trató respetar las situaciones preexistentes favoreció la reorganización parcelaria porque muchos pequeños productores afectados por la crisis optaron por emigrar. Finalmente, el proyecto de expansión en las tierras del oeste demandó grandes recursos y constituyó un instrumento propagandístico para el gobierno pero los resultados para el sector productivo fueron limitados.

This article analyzes the land policy of the governments of the province of Chaco (Argentina) in the period from 1953 to 1983. During that period, the State still had legal ownership of extensive areas, although a large part of them were already occupied. In the official agenda, the administration of public land represented a decisive instrument to overcome the crisis that the provincial agrarian sector was going through. The fundamental issues addressed were the regularization of tenure, parcel reorganization and the expansion of the agricultural frontier. Through the analysis of the information obtained from the Chaco Colonization Institute and official publications, the projects and actions related to the management of public lands are examined.