Agua y energía: Mapa de situación y problemáticas regulatorias de los servicios públicos en el interior del país

Abstract

El presente estudio tiene como objetivo evaluar tanto las características que asumió el proceso de privatizaciones tanto en el nivel federal como en el subnacional en dos de los servicios públicos de particular trascendencia social: la provisión de agua potable y saneamiento y la distribución de energía eléctrica, tanto en el nivel federal como en el subnacional. En efecto, las transformaciones en el régimen de prestación subnacional han sido de envergadura. Bajo el impulso de las fuertes presiones dirigidas desde la administración central y los organismos multilaterales de crédito, 17 de las 23 jurisdicciones privatizaron al menos uno de estos dos servicios. Esta amplia adhesión se vio reflejada en el predominio de las sociedades anónimas de capital privado, donde la participación de las empresas multinacionales fue preponderante. Este proceso de privatizaciones tuvo, a partir de la implosión del régimen de convertibilidad y de la sanción de la Ley de Emergencia Económica y Reforma Cambiaria (Nº 25.561), una segunda etapa caracterizada por los procesos de “cambios de manos”. Como resultado se observa que mientras en el sector de agua potable y saneamiento resulta decisiva la reversión hacia el Estado de las principales concesiones al capital privado (al tiempo que, en los restantes “cambios de manos”, también resulta predominante la salida de operadores internacionales), en el ámbito de la distribución eléctrica, con una sola excepción de rescisión contractual, predomina el ingreso de capitales nacionales en el, igualmente generalizado, desplazamiento de capitales transnacionales. A la vez, se analiza las particularidades del “moderno” esquema de regulación de los servicios públicos de infraestructura nacido junto, o en muchos casos, tardíamente al proceso de privatizaciones, donde los entes reguladores emergen como el elemento neurálgico de este nueva arquitectura institucional. Como se muestra en el trabajo, estos organismos han sido dotados de ambiguas atribuciones regulatorias e inapropiados diseños institucionales, quedando trunca su capacidad real de regulación. A partir de la devaluación, los “cambios de manos” reseñados, particularmente el retorno a la prestación pública, no conllevaron una reformulación sustancial del esquema regulatorio vigente. En este sentido, el diseño institucional nacido al amparo de los procesos de reforma de los años noventa, en la post-convertibilidad, ya no está exclusivamente orientado a regular empresas de prestación privada de servicios públicos, sino que incluye dentro de su campo de acción a la prestación pública. Sin embargo, pese a este cambio radical, los entes mantienen prácticamente las mismas funciones, sin la necesaria adaptación al nuevo contexto de operación pública de los servicios.