Respuestas estatales y empresarias al conflicto social en el sector minero en Argentina post 2002

Abstract

Durante los años 90, el Estado argentino desarrolló el marco jurídico propicio para la expansión sin precedentes de la inversión extranjera directa en el sector minero, iniciando un acelerado desarrollo de la minería metalífera a gran escala en el país. No obstante, este contexto de estabilidad y crecimiento halló su primer “obstáculo” a mediados de 2002, cuando el profundo proceso de movilización social transcurrido en Esquel (Chubut) culminó con la sanción de una ley provincial que prohibía la minería a cielo abierto con cianuro en determinadas zonas de la jurisdicción, impidiendo la radicación de la empresa minera Meridian Gold/El Desquite, y abriendo un período de incertidumbre que puso en entredicho la legitimidad y continuidad de esta actividad en el país a partir de 2003. En el presente trabajo analizaremos las respuestas elaboradas por el Estado y las transnacionales mineras frente a la emergencia y proliferación de resistencias sociales en torno a la explotación minera a gran escala en la Argentina, considerando como punto de inflexión el “caso Esquel”, principal referencia de las acciones de protesta que se gestaron en otras regiones desde entonces. En este marco, tanto el Estado como las trasnacionales desarrollaron una serie de resoluciones y estrategias en pos de reconstruir una estabilidad más duradera para el sector. El Estado, a través de la jerarquización administrativa del área minera en 2003 y de la formulación del Plan Nacional Minero en 2004; y, las empresas, profundizando sus políticas de “responsabilidad social empresaria” como forma de construir legitimidad social. De esta manera, nos centraremos en el análisis de cada una de estas respuestas y sus interrelaciones.