La propiedad de la tierra como discurso y recurso político en la Argentina peronista (1943-1955)

Abstract

En un país como la Argentina, con una superficie que ronda los 3 millones de kilómetros cuadrados, despoblado y que articula su economía agroexportadora en torno a la ciudad-puerto de Buenos Aires, la tierra ha jugado históricamente un rol fundamental en la organización de su territorio, que privilegia la región pampeana ganadera y cerealera. No solo como un factor básico para la producción pecuaria – hasta promediar el siglo XIX – y agropecuaria desde entonces, sino porque su tenencia resulta un símbolo de poder político y de prestigio social. Durante la conformación de la Argentina Moderna, a partir de la “conquista del desierto”, la organización del Estado Nacional en 1880 y el aporte de la inmigración europea, la tierra sería un bien en disputa; parte de acuerdos y enfrentamientos. Confrontaciones a las cuales no serían ajenos los gobiernos de turno y la dirigencia nacional tanto como las provinciales. El discurso, la legislación y las corporaciones del sector rural lo confirman (Barsky y Gelman, 2009; Hora, 2018). La Argentina de la “Generación del 80” – liberal en lo económico y conservadora en lo político – es producto de la inmigración masiva, una colonización circunscripta y poco eficaz, una agricultura extensiva gestada por arrendatarios y chacareros en medio de un entorno de grandes terratenientes y con un proceso de urbanización creciente que perfila “el granero del mundo”. Se enfrenta primero al límite de la expansión horizontal agraria hacia 1912 y al fin del crecimiento hacia afuera desde 1930, como parte del contexto internacional del crac de 1929. Desde entonces, el modelo agroexportador hará uso de los subsidios del Estado interventor para afrontar los desafíos de una agricultura que requiere aumentar los rindes y que tardará en llegar. Desde 1933, además de la creación de la Red General de Elevadores de Granos (ley 11.742) para el embarque a granel como antecedente de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores de 1935 (ley 12.253), se ponen en funcionamiento las Juntas Reguladoras de la Producción (Carnes, Granos, Azúcar, Vinos, Yerba mate, Algodón) como indicadores de un Estado que aumenta su burocracia técnica amparada en “el saber”, y se resguarda circunstancialmente en la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) (Barry, 1968, t. II: 213-228). Lo demuestra en 1940 el frustrado Plan de Reorganización de la Economía Nacional presentado por el Ministro de Economía, el socialista independiente Federico Pinedo, que naufragaría por falta de consenso político (Llach, 1984: 515-558; Girbal-Blacha, 2015: 1-13).