La revocatoria presidencial en México: ¿Control ciudadano o farsa política?

Abstract

Desde los años 80 varios países latinoamericanos llevaron a cabo reformas constitucionales en las que adoptaron la revocación de mandato, entre otros mecanismos de democracia directa o semidirecta (como la iniciativa popular, la audiencia pública, el presupuesto participativo), con el objeto de complementar, vía la participación ciudadana, las desprestigiadas instituciones de la democracia indirecta: los partidos políticos, los órganos de gobierno, los representantes, las elecciones. A pesar de que varios de sus estados o entidades federativas contaban con este mecanismo en sus constituciones, en lo que hace al nivel nacional, México es hasta ahora el último país en incorporarlo: lo hizo en la reforma constitucional de 2019, luego de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Panamá. Es también el cuarto Estado en habilitar la revocación presidencial (después de Ecuador, en 1998; Venezuela, en 1999; y Bolivia, en 2009), y el tercero en llevarla a las urnas: en abril de 2022 (tras el caso del presidente Hugo Chávez en Venezuela en 2004 y el de Evo Morales en Bolivia en 2008).En efecto, tras haberla instalado como promesa de campaña en 2018, y haberla incorporado en la Ley Fundamental en 2019, durante 2021, el presidente electo por MORENA, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), inició un proceso de consulta de revocación sobre su propio cargo, aunque con la intención subyacente de ratificarlo. Celebrada en 2022, en medio de una honda polémica y con resultados a todas luces ambiguos, aquí nos proponemos, aunque en forma muy breve, ahondar en el caso, a fin de contrastar el potencial de este mecanismo con su real desempeño.