Que todo cambie para que nada cambie: La Comisión Nacional de Ética Pública en Argentina

Abstract

En este artículo se analiza el debate parlamentario sobre la Ley de Ética en la Función Pública a fines de la década de 1990 en relación a la Comisión Nacional de Ética Pública (CNEP). Se trata de una novedosa agencia de control de la corrupción diseñada en base a una lógica plural, integrada por representantes designados por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Procuración General de la Nación, más ocho ciudadanos con reconocidos antecedentes y prestigio en la lucha contra la corrupción elegidos por el Congreso Nacional. Sin embargo, a partir del análisis del debate parlamentario, surge que los legisladores no supieron dotar a la CNEP de autonomía para investigar el enriquecimiento injustificado de funcionarios, jueces y dirigentes políticos. Tampoco le otorgaron una verdadera autoridad para establecer un régimen único de presentación de declaraciones juradas para los funcionarios y dirigentes de los tres poderes del estado. Más aún, desde su creación, nunca se designaron sus integrantes, ni se la puso en funcionamiento, quedando el control de la corrupción a cargo de la denominada Oficina Nacional de Ética Pública, que fue disuelta a fines de 1990 y reemplazada por la Oficina Anticorrupción. Estas dos agencias fueron creadas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, cuyo titular –el Presidente de la Nación- puede designar y destituir a discreción a sus autoridades. Finalmente, la CNEP fue derogada de la normativa nacional tras la sanción de la ley 26.857, que ratificó la continuidad de la OA, una agencia no exenta de polémicas y suspicacias.

This article analyzes the parliamentary debate in the 1990s of the so called National Ethics Government Committee (NEGC), a control agency that should work as a special committee in the National Congress. The NEGC was an innovative agency designed with a plural logic, integrated by representatives of the Executive Branch, the Legislative Branch, the Office of the General Attorney, and also, by eight citizens with a recognized record in corruption prevention matters, elected by the Congress. However, during the parliament debate, it was found that congressmen didn’t know how to endow the NEGC of autonomy for enquiring suspicious increasing of public officials and policymakers assets. Additionally, they refused to endow the NEGC of authority to lay out a unique affidavit regime for all officials, policymakers and judges. Worse, since the creation of NEGC, this agency was never put it into operation and in it places the national government created the National Office of Public Ethic, which was closed at the end of 1990s and then replaced by the Anticorruption Office. These two agencies were created in the Executive branch, were the National President can appoint and dismiss their authorities without any interference of other branches (for example, the National Congress). Lastly, the NEGC was abrogated by the National Congress in 2013 when it approved the 26.857 Law, which confirmed the AO authority, an agency without a good reputation.