La Salud Mental está en los Derechos

Abstract

Ley Nacional de Salud Mental sancionada en el año 2010 se presentó como una estrategia para re-politizar este campo, poniendo en el centro de la escena a los derechos humanos de las personas usuarias. Plantea una propuesta de distribución del poder en distintos niveles: en la relación médico-paciente; al interior de los equipos de salud; a nivel sectorial; en una concepción de sujeto capaz, partícipe y protagonista de las políticas, servicios y programas; y fundamentalmente, redefiniendo el rol del Estado como principal garante de los derechos de las personas, delimitando un campo de lo público y de la responsabilidad estatal y restringiendo las injerencias del mercado en relación a las problemáticas de salud mental.Sin embargo, para su plena implementación, persisten en la actualidad obstáculos institucionales que no han sido removidos y en los últimos años se han llevado adelante políticas de salud mental cuyas acciones contrarían el principio de no regresividad. Se volvió a insistir en el uso del electroshock, se restringieron los espacios de participación de los usuarios, se intentó cercenar la capacidad de control de los órganos de monitoreo y reaparecieron con más fuerza los discursos que pretenden penalizar el consumo de sustancias, entre otros graves retrocesos. En Córdoba se viene construyendo un espacio de participación, reivindicación y manifestación en las calles sobre la situación de la Salud Mental en la provincia de Córdoba, que se materializa desde el año 2014 en las Marchas por el Derecho a la Salud Mental.A partir de ello, se considera que los escenarios políticos adversos no anulan la potencia transformadora y el poder performativo de los derechos humanos, los cuales pueden funcionar como herramientas de impugnación de cambios regresivos y como principios adquiridos a ser invocados para discutir o cuestionar los modelos de política pública realmente existentes en nuestros países.