Legalidades y trampas en los procesos de transformación de las villas de la Ciudad de Buenos Aires: los casos de Playón de Chacarita y Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villas 31 y 31 bis) en contexto

Abstract

La modalidad de conformación de villas consiste en la ocupación de terrenos de propiedad fiscal o privada, en la que un variable número de familias construye viviendas más o menos precarias, carentes por lo general de servicios de infraestructura urbana (Oszlak, 1991: 19-20). En relación a esta problemática, el Estado ha intervenido históricamente con políticas que han oscilado entre la acción y la omisión. Las acciones consistieron en la prestación de servicios de infraestructura urbana básica, el otorgamiento de créditos como salida alternativa a la situación habitacional definitiva, la erradicación de la población, o la simple inacción. Los conceptos de “urbanización”, “reurbanización”, e “integración socio-urbana” aplicados a las villas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) significan los diferentes procesos de transformación, y reflejan las acciones institucionales desde los organismos del Estado con sus formas de concebir los abordajes. En líneas generales, “urbanización” implica el reconocimiento de los territorios de las villas como fuera del espacio urbano de la ciudad y conllevan el abordaje desde la provisión y regularización de los servicios de infraestructura urbana y de la red viaria, como características esenciales del proceso. Este proceso puede incluir el reemplazo parcial de las viviendas existentes por viviendas nuevas. El concepto de “reurbanización” surgió a partir del reclamo de los habitantes de las diferentes villas que brindaron infraestructuras en sus barrios de manera autogestionaria y reclaman este reconocimiento por parte del Estado. El concepto de “integración socio-urbana” pretende incorporar la complejidad de los procesos de segregación de barrios y villas que no sólo son urbanos, sino también socio-económicos y socio-culturales, y que implican los ámbitos del derecho, de acceso a la justicia, laborales, salud, educación, accesibilidad al transporte público y demás.